La FGR asegura que el caso contra María Amparo Casar no nació con la nueva titularidad, pero el proceso ya tropezó: una jueza canceló la audiencia y ordenó moverlo de juzgado.
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La FGR salió a “aclarar” que el caso contra María Amparo Casar, presidenta de MCCI, no es un arranque reciente ni una orden “de arriba”. Sin embargo, cuando una fiscalía se justifica, la señal pública es otra: hay presión, hay costos reputacionales y hay dudas.
Según la versión oficial, la carpeta ya estaba judicializada desde septiembre. Además, se habría iniciado cuando la institución era encabezada por Alejandro Gertz Manero, no por la actual titular Ernestina Godoy. Aun así, el ciudadano común pregunta por qué el tema “revive” ahora.
El expediente gira en torno a una pensión vitalicia vinculada a Pemex que Casar habría cobrado tras la muerte de su esposo. La imputación planteada es uso ilícito de atribuciones y facultades. No obstante, por cómo se comunica, el asunto ya dejó de ser técnico.
Porque si el objetivo fuera proteger recursos públicos, se esperaría auditoría, claridad administrativa y responsables internos. En cambio, el debate se empuja a la arena penal con filtraciones y posicionamientos. Por eso el foco cambia: de “pensión sí o no” a debido proceso.
Además, el caso se enredó en tribunales. Una jueza de control en el Reclusorio Oriente canceló la audiencia prevista y ordenó devolver la solicitud a la Fiscalía. El argumento fue competencial: la causa debe llevarla un juez del Reclusorio Norte.
¿La razón práctica? La FGR ya había pedido en ese otro centro autorización para actos de investigación. Entre ellos, se mencionan diligencias de 2024: una audiencia para ratificar un “ingreso a un lugar sin autorización judicial” y otra orden para intervenir comunicaciones.
Así, lo que parecía una imputación inminente se convirtió en un recordatorio básico: la forma importa. Y, sin embargo, cuando el Estado tropieza en el procedimiento, el mensaje social suele ser devastador: “Si no cuidan reglas, entonces hay consigna”.
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Para el ciudadano, el costo es doble. Si la Fiscalía insiste sin pulcritud, se fortalece la lectura de persecución política; y si el Poder Judicial frena, se interpreta como “protección”. Mientras tanto, se erosiona la confianza en ambos.
También queda Pemex bajo la lupa. Las pensiones, sus criterios y sus decisiones internas rara vez se transparentan. Entonces la pregunta incómoda es inevitable: si hubo irregularidades, ¿quién autorizó, quién firmó y por qué no se explica con datos?
En suma, el caso Casar funciona como prueba de estrés institucional. La Fiscalía debe demostrar legalidad sin propaganda; y el gobierno debe entender que judicializar la disputa pública incendia el ambiente. Por lo pronto, la gente ve un Estado que litiga con agenda.
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