La movilización de la Generación Z encendió la polarización mientras el gobierno presume licencia permanente, Mundial Social, golpes al CJNG y una polémica Ley de Aguas que inquieta al campo.
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Entre consignas de la Generación Z, anuncios de licencia permanente, futbol de Mundial Social y pleito por el agua, la agenda política amanece cargada.
La marcha del 15 de noviembre reunió a jóvenes en el Ángel y avanzó hacia el Zócalo entre consignas contra la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sin embargo, el saldo fue duro: 120 personas lesionadas, 29 detenidas y acusaciones cruzadas entre autoridades capitalinas, familias de los jóvenes y oposición partidista.
Desde Palacio, el gobierno insiste en que no hubo represión, sino contención frente a grupos violentos, y señala presencia de políticos aprovechando el enojo generacional.
Pero familiares y colectivos denuncian golpes, incomunicación y abusos en los traslados, mientras algunos detenidos fueron vinculados a proceso y otros siguen en prisión preventiva.
Además, analistas advierten que la narrativa oficial, al minimizar las demandas juveniles, alimenta la polarización y abre una brecha más profunda con la Generación Z.
Mientras tanto, en movilidad, la licencia permanente de la CDMX seguirá vigente todo 2026, con un costo de 1,500 pesos y trámite presencial o digital.
A primera vista parece un alivio para automovilistas, porque evita renovaciones frecuentes; sin embargo, también es una jugosa herramienta recaudatoria para el gobierno capitalino.
De hecho, las autoridades presumen millones de pesos ingresando a las arcas locales, aunque organizaciones ciudadanas piden transparencia y mejores servicios viales a cambio.
En paralelo, el gobierno federal lanzó el Mundial Social México 2026, con 74 torneos, rescate de canchas y transmisiones de los partidos del mundial.
Con ello busca posicionar al futbol como política pública de cohesión y salud, aunque críticos recuerdan que sin seguridad ni oportunidades el balón no alcanza.
Por otro lado, fuera del país, España y la DEA desmantelaron una “oficina” del CJNG, con 20 detenidos y toneladas de droga asegurada.
Este golpe exhibe cómo el crimen organizado mexicano ya opera como multinacional, con redes financieras, logística internacional y alianzas con mafias europeas.
Sin embargo, también recuerda los límites de la estrategia de contención interna, porque los cárteles diversifican rutas mientras el Estado sigue parchando emergencias.
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Y mientras la seguridad se discute afuera, dentro del Congreso otra bomba política estalla: la reforma a la Ley de Aguas impulsada por Sheinbaum.
La propuesta limita la transmisión de concesiones entre particulares y refuerza el control estatal, supuestamente para frenar el mercado negro del agua.
No obstante, campesinos y productores denuncian que la medida devalúa sus tierras, complica herencias y deja su futuro en manos de decisiones burocráticas.
Además, advierten que, si no se corrige la retroactividad y no se reconoce su derecho histórico al recurso, preparan bloqueos y movilizaciones nacionales.
Hoy legisladores, organizaciones rurales y especialistas buscan ajustes de última hora, pero el mensaje es claro: sin diálogo real, el conflicto hídrico apenas comienza.
En medio de todo, la oposición intenta capitalizar el desgaste, mientras el oficialismo apuesta a que la agenda social compense los conflictos.
Así, entre jóvenes inconformes, pleitos por el agua, golpes al narco y promesas futboleras, México amanece en tensión y con muchos frentes abiertos.
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