La defensa de Rubén Rocha Moya habría buscado un acercamiento con fiscales de Estados Unidos para conocer las condiciones de una eventual entrega y cooperación. La versión fue difundida por el periodista Jesús Lemus, pero ninguna autoridad la ha confirmado.
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La defensa de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, habría iniciado contactos con fiscales de Estados Unidos para explorar una posible entrega y un acuerdo de cooperación. La versión fue dada a conocer por Infobae, a partir de declaraciones del periodista Jesús Lemus Barajas.
Hasta ahora, ni las autoridades estadounidenses, ni el Gobierno de México, ni los abogados de Rocha Moya han confirmado públicamente que exista una negociación formal.
Lemus afirmó que uno de los representantes legales del mandatario buscó un acercamiento con la fiscalía federal estadounidense durante el fin de semana. El objetivo, según su relato, sería conocer las condiciones de una eventual entrega y determinar si la información que pudiera aportar Rocha Moya tendría valor para otras investigaciones.
Sin embargo, el periodista no mostró documentos, comunicaciones o registros que permitan comprobar ese contacto. Por ello, la versión debe mantenerse en el terreno de lo no confirmado.
¿Busca Rocha Moya convertirse en colaborador de Estados Unidos?
El reporte señala que Rocha Moya podría estar interesado en negociar algún tipo de cooperación con la justicia estadounidense. No obstante, hablar desde ahora de un ingreso al programa de testigos protegidos sería adelantarse a un proceso que, en caso de existir, apenas estaría en una fase inicial.
En el sistema penal federal de Estados Unidos, los fiscales pueden considerar beneficios para una persona acusada cuando esta ofrece información útil y verificable. Aun así, no basta con manifestar disposición para colaborar. El contenido de la información debe ser relevante y cualquier acuerdo está sujeto a la evaluación de los fiscales y del tribunal.
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Tampoco un acercamiento entre abogados y autoridades significa que exista una entrega pactada. Puede tratarse de una consulta, una exploración de escenarios o el inicio de conversaciones que nunca lleguen a concretarse.
Por ahora, la versión depende únicamente de lo expuesto por Lemus. El periodista considera que Rocha Moya habría tomado la decisión ante la presión judicial y el deterioro de su posición política.
Lemus también aseguró que el gobernador con licencia permanece rodeado por personal federal. Esa afirmación ha sido rechazada previamente por el Gabinete de Seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum y el propio Rocha Moya, quienes negaron que se encuentre bajo custodia, protección militar o resguardo del Gobierno Federal.
Rocha Moya solicitó licencia el 1 de mayo. Desde entonces, Yeraldine Bonilla Valverde encabeza de manera interina el Gobierno de Sinaloa. El Congreso local no estableció una fecha específica para el regreso del mandatario, por lo que la situación política continúa abierta y sujeta a la evolución del caso.
El “efecto dominó” entre exfuncionarios de Sinaloa
Lemus vinculó el supuesto acercamiento con las entregas de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas.
Ambos exfuncionarios se encuentran bajo custodia estadounidense y aparecen dentro de la acusación que también incluye a Rocha Moya y a otros servidores públicos de Sinaloa.
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La eventual cooperación de alguno de los implicados podría aumentar la presión sobre otros integrantes de la administración estatal. También podría abrir nuevas líneas de investigación relacionadas con protección política, seguridad pública, financiamiento electoral y posibles vínculos entre autoridades y grupos criminales.
Por ahora, ese escenario sigue siendo una posibilidad. No existe información pública que permita saber qué datos han entregado los exfuncionarios ni si sus declaraciones involucran directamente al gobernador con licencia.
Las acusaciones presentadas por Estados Unidos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el 29 de abril de 2026 una acusación contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.
El expediente incluye señalamientos por conspiración para importar narcóticos y delitos vinculados con el uso y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos. De acuerdo con la acusación, algunas de las conductas imputadas contemplan una pena mínima obligatoria de 40 años, además de la posibilidad de cadena perpetua.
Los fiscales estadounidenses sostienen que Los Chapitos habrían intervenido en la elección de 2021 mediante amenazas, intimidación y secuestros de adversarios políticos. A cambio, según la acusación, habrían recibido protección institucional desde el Gobierno de Sinaloa.
Estas afirmaciones forman parte del expediente presentado por la fiscalía y todavía deben probarse ante un tribunal. Rocha Moya y los demás acusados mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia definitiva.
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