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Más de cinco años después de su detención, el caso del general Salvador Cienfuegos volvió a cobrar relevancia. Su abogado, Alejandro Ramos Flores, ofreció nuevas declaraciones que arrojan luz sobre el proceso judicial que enfrentó el extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), acusado por Estados Unidos de tener nexos con el narcotráfico.
Ramos Flores, quien actuó como defensor de oficio en el proceso en México, afirmó que las pruebas presentadas por autoridades estadounidenses no tenían validez jurídica. Según explicó en entrevista con Joaquín López-Dóriga, la Fiscalía General de la República (FGR) revisó los elementos enviados por el Departamento de Justicia de EUA y concluyó que no existía sustento para fincar responsabilidades penales.
El abogado enfatizó que la investigación nacional confirmó que Cienfuegos no mantenía vínculos con grupos criminales. Además, subrayó que durante sus más de cinco décadas de servicio en las Fuerzas Armadas, el general jamás recibió una acusación similar.
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Cabe señalar que el Gobierno de Estados Unidos lo relacionaba con el grupo criminal H2, una escisión del extinto Cártel de los Beltrán Leyva. No obstante, las evidencias consistían en mensajes interceptados entre supuestos integrantes del grupo, sin pruebas directas que implicaran al militar mexicano.
De acuerdo con Ramos Flores, la FGR también descartó cualquier indicio de enriquecimiento ilícito o incremento injustificado en el patrimonio del general. Por tanto, se determinó no ejercer acción penal por no existir delito que perseguir.
El caso se remonta a agosto de 2019, cuando un gran jurado en Nueva York acusó secretamente a Cienfuegos. Fue detenido en octubre de 2020 en Los Ángeles a solicitud de la DEA. La detención generó tensión diplomática, ya que el gobierno mexicano no fue notificado previamente.
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Tras negociaciones, la evidencia fue entregada a México en noviembre. La FGR revisó el expediente y, en enero de 2021, concluyó que Cienfuegos debía ser exonerado. El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó esa decisión, criticando a la DEA por presuntamente haber fabricado acusaciones infundadas.
Este episodio subraya la fragilidad de las acusaciones transfronterizas cuando no se sustentan en pruebas sólidas y la importancia de respetar la soberanía judicial de cada país.
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