Política Gurú presenta una nueva entrega de #AsídeClaro, en la que David Martínez Staines coloca a la Cuarta Transformación frente a su propio estándar histórico y plantea evaluarla no por sus promesas ni por los gobiernos que critica, sino por sus resultados concretos.
#AsídeClaro | David Martínez Staines
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Política Gurú
Hay gobiernos que llegan al poder prometiendo cambiar la historia. Y hay otros que, además, prometen corregirla: borrar agravios, repartir justicia, devolverle al pueblo lo que —dicen— le fue arrebatado durante décadas.
La llamada Cuarta Transformación pertenece a la segunda categoría.
Su argumento central fue sencillo, poderoso y electoralmente eficaz: antes todo estaba mal; ahora todo sería distinto. El pasado quedó convertido en una larga noche de corrupción, privilegios, desigualdad y abandono. Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto fueron colocados, con matices distintos, dentro de una misma narrativa: la de un régimen que habría traicionado al pueblo.
Pero hay una pregunta que el paso del tiempo vuelve inevitable:
¿Qué tan distinto es el país después de dos gobiernos identificados con la 4T?
Porque una cosa es cambiar el discurso del poder y otra muy distinta cambiar la realidad.
El viejo pecado de la política mexicana
México conoce desde hace décadas la fórmula del populismo.
Consiste en identificar un enemigo, simplificar los problemas, prometer soluciones inmediatas y convertir al gobernante en intérprete exclusivo de la voluntad popular.
Carlos Salinas entendió el poder desde la modernización económica y la concentración de decisiones. Ernesto Zedillo recibió un país en crisis y enfrentó una de las mayores tormentas económicas de la historia reciente. Vicente Fox llegó con la promesa de sacar al PRI de Los Pinos. Felipe Calderón gobernó bajo la sombra de una guerra contra el crimen organizado. Enrique Peña Nieto intentó reconstruir el presidencialismo mediante reformas y pactos políticos.
Todos cometieron errores. Todos dejaron pendientes. Todos tuvieron escándalos. Todos enfrentaron corrupción, desigualdad, violencia o descrédito.
Pero hay una diferencia que merece discutirse sin nostalgia ni propaganda:
Ninguno construyó su legitimidad exclusivamente sobre la idea de que todo lo anterior era moralmente ilegítimo.
La 4T sí.
Y ahí está una de sus mayores fortalezas… pero también una de sus mayores debilidades.
La política del agravio
El lopezobradorismo convirtió el agravio en una poderosa herramienta política.
El pueblo contra la élite.
Los pobres contra los privilegiados.
La transformación contra el régimen.
El presidente contra los conservadores.
La división no fue un accidente retórico. Fue parte del mecanismo de construcción del poder.
El problema aparece cuando un gobierno necesita permanentemente un enemigo para explicar por qué las cosas no funcionan.
Porque entonces los resultados dejan de ser responsabilidad del gobierno y se convierten en herencia del pasado.
Si la inseguridad aumenta, es culpa de décadas anteriores.
Si los servicios públicos fallan, es culpa del neoliberalismo.
Si la economía no crece como se esperaba, es culpa de las condiciones heredadas.
Si hay corrupción dentro del nuevo régimen, se habla de excepciones, traiciones o ataques políticos.
El pasado se convierte así en una especie de seguro contra el presente.
Y eso tiene un límite.
Después de ocho años, la palabra “herencia” comienza a perder fuerza.
Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña: el espejo incómodo
Conviene recordar algo que el discurso político suele borrar: los gobiernos anteriores también construyeron programas sociales.
Salinas creó Solidaridad. Zedillo desarrolló Progresa. Fox amplió programas de apoyo y creó mecanismos institucionales que después serían continuados. Calderón impulsó Oportunidades y amplió políticas sociales. Peña Nieto creó la Cruzada Nacional contra el Hambre y mantuvo una amplia estructura de transferencias.
La diferencia no está en que antes no hubiera política social y ahora sí.
La diferencia está en la escala, la narrativa y la relación política que se establece con el beneficiario.
La 4T convirtió los programas sociales en uno de los pilares de su legitimidad.
Y ahí aparece la discusión incómoda.
Ayudar a quien menos tiene es una obligación moral del Estado.
Pero convertir la ayuda social en una herramienta permanente de legitimación política puede producir una dependencia peligrosa: la del ciudadano respecto del gobierno.
El Estado debe garantizar derechos.
No debería comprar gratitud.
El dinero público no es dinero del gobernante
Esta debería ser una de las primeras lecciones de cualquier democracia.
El dinero que el gobierno reparte no pertenece al presidente, ni al partido, ni a la transformación.
Pertenece a los contribuyentes.
Cada peso de un programa social proviene, directa o indirectamente, de impuestos, deuda pública, ingresos petroleros, empresas estatales o recursos que podrían utilizarse en infraestructura, salud, educación, seguridad o inversión.
Por eso el debate serio no debería ser si hay que apoyar a los pobres.
Por supuesto que hay que hacerlo.
La discusión verdaderamente importante es otra:
¿Los programas sociales están sacando a millones de personas de la pobreza o están convirtiéndose en una maquinaria electoral permanente?
Porque repartir dinero puede aliviar una necesidad.
Pero generar empleos, elevar productividad, mejorar educación, garantizar seguridad jurídica y atraer inversión es lo que permite transformar estructuralmente una sociedad.
Una transferencia puede resolver el mes.
Un empleo digno puede cambiar una vida.
El derroche también puede vestirse de justicia
La paradoja del populismo es que suele presentarse como enemigo del derroche mientras encuentra nuevas formas de gastar.
Se critica el lujo de los gobiernos anteriores y, simultáneamente, se justifican megaproyectos costosos.
Se condenan los privilegios de la vieja clase política y se crean nuevas estructuras burocráticas.
Se habla de austeridad republicana mientras aparecen proyectos cuya rentabilidad económica y social sigue siendo objeto de debate.
El Estado tiene que gastar.
El problema es gastar mal.
Y peor todavía: gastar mal mientras se acusa de traición a quien pregunta cuánto costó, cuánto produce, cuánto se recuperará o quién tomó la decisión.
Una democracia madura no debería tener miedo a esas preguntas.
Las mentiras también envejecen
Todo gobierno tiene derecho a equivocarse.
Lo que no debería tener derecho es a llamar verdad a la propaganda.
La política mexicana ha padecido durante décadas estadísticas maquilladas, promesas incumplidas y discursos grandilocuentes.
La 4T no inventó la mentira política.
Pero sí perfeccionó una fórmula particularmente eficaz: repetir una afirmación hasta convertirla en identidad política.
El problema de ese método es que la realidad termina pasando factura.
La gasolina no baja por decreto.
La violencia no desaparece porque cambie el discurso.
La corrupción no muere porque se cambie el nombre de las instituciones.
La pobreza no desaparece porque se reparta dinero.
Y la economía no crece porque un gobierno asegure que está creciendo.
La realidad no vota.
Pero cobra.
Del desencanto al desánimo
Aquí aparece quizá el fenómeno político más importante.
No necesariamente estamos frente a un México enamorado de la 4T.
Podemos estar frente a un México cansado.
Cansado de la inseguridad.
Cansado de la corrupción.
Cansado de los políticos.
Cansado de las promesas.
Cansado de la confrontación.
Y también cansado de que cada gobierno llegue prometiendo que ahora sí comenzará la historia verdadera.
El ciudadano mexicano ha escuchado demasiadas veces que el siguiente gobierno será el definitivo.
Salinas prometió modernización.
Fox prometió cambio.
Calderón prometió seguridad.
Peña prometió reformas.
La 4T prometió transformación.
Y el ciudadano sigue preguntándose cuándo llegará el momento en que el gobierno deje de hablar de sí mismo y empiece a hablar de sus resultados.
Ese es el verdadero desánimo.
No es necesariamente contra un partido.
Es contra la política convertida en espectáculo.
La trampa del “antes estábamos peor”
Uno de los argumentos más utilizados por cualquier gobierno es comparar sus resultados con el peor escenario posible.
“Antes era peor.”
Puede ser cierto.
Pero no basta.
Un gobierno no debería aspirar simplemente a ser menos malo que el anterior.
Debe aspirar a ser mejor.
La democracia no funciona como campeonato de mediocridad.
No se trata de demostrar que Calderón tuvo problemas, que Peña tuvo corrupción, que Fox no cumplió todas sus promesas o que Salinas dejó enormes contradicciones.
Todo eso forma parte de la historia.
La pregunta es qué hizo el gobierno actual con el poder que recibió.
Porque después de varios años gobernando, la comparación con el pasado comienza a ser insuficiente.
El verdadero adversario de un gobierno no es su antecesor.
Es la realidad.
El populismo y la tentación de eternidad
El populismo tiene una característica peligrosa: nunca considera suficiente la transformación.
Siempre falta algo.
Siempre hay un enemigo.
Siempre existe una amenaza.
Siempre hay una conspiración.
Y por eso siempre se necesita más poder.
Ahí está el riesgo.
Una democracia necesita alternancia. Necesita contrapesos. Necesita prensa crítica. Necesita instituciones capaces de decirle “no” al gobierno.
Porque cuando el gobierno comienza a creer que ganar elecciones equivale a tener la razón en todo, la democracia empieza a convertirse en plebiscito permanente.
Y cuando un gobierno considera que cuestionarlo es atacar al pueblo, entonces el poder empieza a confundirse peligrosamente con la nación.
No son lo mismo.
Nunca lo han sido.
La historia no absuelve a nadie
Quizá este sea el punto donde conviene apartarse tanto de la nostalgia por los gobiernos anteriores como de la propaganda oficialista.
Salinas no fue el salvador de México.
Zedillo tampoco.
Fox no fue el gran demócrata que resolvió todos los problemas.
Calderón no solucionó la violencia.
Peña Nieto tampoco cumplió la promesa de convertir las reformas en prosperidad.
Pero tampoco es intelectualmente serio convertir tres décadas de gobiernos distintos en una sola masa de corrupción para justificar ocho años de poder.
La historia es más complicada.
Y precisamente por eso resulta más interesante.
México no necesita regresar al pasado.
Pero tampoco necesita negar su pasado.
Necesita aprender de él.
El verdadero juicio
La 4T llegó con una enorme legitimidad popular y con una promesa histórica: transformar México.
Esa promesa merece ser juzgada con la misma severidad con la que sus gobiernos juzgaron a los anteriores.
No por simpatías.
No por odios.
No por propaganda.
Por resultados.
¿Hay más seguridad?
¿Mejores servicios de salud?
¿Mayor crecimiento?
¿Más inversión?
¿Mejor educación?
¿Menos corrupción?
¿Instituciones más fuertes?
¿Menos pobreza estructural?
¿Más oportunidades para quienes hoy reciben una transferencia?
Esas son las preguntas.
Porque un gobierno puede ganar elecciones con discursos.
Puede mantener popularidad con programas sociales.
Puede sobrevivir políticamente culpando al pasado.
Pero al final existe una institución más poderosa que cualquier partido, cualquier presidente y cualquier movimiento:
la realidad.
Y la realidad no tiene militancia.
No pertenece a Morena, al PRI, al PAN ni a ningún otro partido.
La realidad simplemente llega.
Y cuando llega, los gobiernos descubren que las conferencias, las consignas, las encuestas y los aplausos no pueden sustituir los resultados.
Quizá esa sea la gran lección que México todavía no aprende:
El problema nunca fue solamente quién gobernaba. El problema ha sido creer que un nuevo gobierno, por sí mismo, puede salvarnos de nosotros mismos.
La 4T prometió una transformación.
La historia le concedió el poder para intentarla.
Ahora le corresponde algo mucho más difícil:
Demostrar que la transformación no era solamente una narrativa.
Porque México ya no necesita otro gobierno que le explique por qué el pasado fue terrible.
Necesita uno capaz de demostrar que el futuro será mejor.
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