Población penitenciaria: el saldo de Sheinbaum frente a AMLO

6 de octubre de 2026

Claro y conciso | Alberto Castelazo Alcalá

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@Castelazoa

Llenar cárceles puede producir una fotografía contundente del poder. Hacer justicia exige más. México llega al segundo aniversario de Claudia Sheinbaum con una pregunta incómoda: ¿estamos resolviendo delitos o acumulando personas mientras sus expedientes esperan? Conviene mirar las cifras antes de repartir aplausos.

Entre septiembre de 2024 y agosto de 2026, la población penitenciaria pasó de 234,514 a 275,497 personas. Son 40,983 más en 23 meses. En comparación, entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024, con López Obrador, el aumento fue de 36,526, según datos oficiales recogidos por El Economista.

Ahora bien, el incremento absoluto no cuenta toda la historia. Sheinbaum acumula 17.5%; el periodo citado de AMLO, 18.4%. La velocidad preocupa, pero esos porcentajes corresponden a duraciones distintas. Tampoco conviene convertir cortes desiguales de segundos años presidenciales en una competencia con ganador indiscutible.

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Además, la serie del World Prison Brief registra 255,638 personas en 2014, durante Peña Nieto. Para julio de 2026 ya contabilizaba 272,448. El tamaño del sistema supera aquel registro; por sí solo, ese dato no acredita mayor seguridad ni mejores investigaciones.

Sin embargo, hay una señal delicada: en julio, 43.4% de la población penitenciaria carecía de sentencia, según esa misma fuente. Hablamos de personas cuya responsabilidad penal seguía pendiente de resolución. Estar preso no equivale a tener una condena.

Por otra parte, la reforma constitucional publicada el 31 de diciembre de 2024 amplió el catálogo de prisión preventiva oficiosa. Esa decisión importa para entender el debate, aunque atribuirle todo el crecimiento exigiría estudiar ingresos, egresos, procesos y tiempos judiciales.

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Mientras tanto, El Economista reporta 158 centros sobrepoblados en agosto y una capacidad nacional de 230,401 lugares. Frente a 275,497 personas, faltaban 45,096 espacios. La diferencia obliga a preguntar cómo atender alimentación, salud y reinserción con instalaciones rebasadas.

Desde mi perspectiva, aquí está el costo ciudadano: las familias necesitan resoluciones oportunas y las víctimas, investigaciones que sostengan los casos. Por eso, una política que presume detenciones debe explicar también qué ocurre después. El expediente importa tanto como el operativo.

Asimismo, exigir resultados no significa pedir impunidad. Significa reclamar fiscalías capaces, defensas efectivas y jueces que resuelvan dentro de los plazos. Construir espacios puede aliviar presiones; además, hace falta revisar por qué tantas personas siguen esperando sentencia.

Al final, propongo medir el éxito con delitos esclarecidos, reparación del daño y justicia verdaderamente oportuna. Las cárceles llenas merecen explicaciones, no aplausos automáticos ni discursos para salir del paso.

Población penitenciaria en México