3 de noviembre de 2027
La Auditoría Superior dejó de contar facturas y empezó a dibujar rutas de dinero en Nuevo León y Sinaloa. Mi tesis: Es el mejor trabajo del órgano en años, pero un mapa no es una sentencia, y la prueba de fuego ahora le toca a la FGR.
Claro y conciso | Alberto Castelazo Alcalá
Columnista
Opinion
Análisis
Política Gurú
Lo esencial
- La cifra: 7,212 millones de pesos salieron del gobierno de Nuevo León hacia cuatro empresas, y una parte llegó a un despacho ligado a la familia de Samuel García, según el desglose de la denuncia de la ASF.
- Quién decide: la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR, y después un juez; la ASF investiga y denuncia, pero no castiga penalmente.
- Qué falta comprobar: en Sinaloa, la ASF no ha dado montos ni nombres, y nadie con cargo ha confirmado en público que la constructora sea de los hijos de Rubén Rocha Moya.
¿Qué encontró la ASF en Nuevo León?
Vamos por partes. El 30 de octubre, el auditor Aureliano Hernández Palacios presentó en San Lázaro la segunda entrega de la Cuenta Pública 2025: 374 informes y más de 9 mil millones por aclarar. Ahí habló de triangulación y simulación de operaciones en Nuevo León y Sinaloa.
Antes, el 16 de octubre, la ASF ya había presentado una denuncia ante la FGR contra el gobierno neolonés, según su propio listado, citado por SDP Noticias y Los Reporteros.
El esquema descrito tiene cuatro rutas: el Estado paga a un proveedor, este paga a otra empresa y esa última transfiere a un despacho jurídico.
Por ejemplo, una constructora recibió 5,851 millones, pasó 5,154.6 a otra firma y de ahí llegaron 385.3 al despacho. Los medios lo vinculan con Samuel Orlando García Mascorro, padre del gobernador. Ojo: según *Infobae*, en la comparecencia el auditor no nombró a Samuel García ni a empresa alguna.
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¿Cuánto llegó realmente al despacho?
Aquí conviene sacar la calculadora. Las notas hablan de 928.13 millones depositados en el despacho; sin embargo, las cuatro rutas publicadas suman 728.13. Faltan 200 millones por explicar, y esa diferencia debe aclararla la ASF, no la especulación.
Además, el caso no nació ayer. En junio, la Comisión Anticorrupción del Congreso local abrió un juicio político por una presunta triangulación de más de mil millones, a partir de una denuncia de Morena. Y desde abril, según *El Financiero*, la FGR ya investigaba al gobernador.
¿Su defensa? En agosto, Samuel García dijo en video que el asunto es «cosa juzgada»: la Fiscalía de Nuevo León determinó el no ejercicio de la acción penal, y los servicios del despacho datan de 2015, antes de su carrera política.
«Estoy abierto a que me investiguen», afirmó entonces. Sin embargo, todavía no encontré su respuesta pública a la denuncia de octubre.
¿Y qué hay en Sinaloa?
En Sinaloa, el hallazgo es más delgado, pero igual de serio. Según *Contramuro*, la ASF describió una constructora creada por dos familiares de un funcionario del Ejecutivo estatal: uno era accionista y administrador único; el otro, apoderado legal. Ambos aparecen solo con claves.
Esa empresa recibió depósitos superiores al valor de sus obras y, tras la salida de los socios, siguió transfiriéndoles dinero. Luego, ellos pagaron millones a un exfuncionario de Finanzas por concepto de «pago préstamo». «Tenemos mapeado exactamente cómo se dan los movimientos del recurso público», dijo el auditor.
Medios como *Tribuna* y *Somos Juárez* identifican a esos socios como hijos de Rocha Moya; el segundo incluso nombra a la empresa. Esa identificación, por ahora, es periodística: la ASF no la ha confirmado.
El contexto pesa. Rocha Moya es gobernador con licencia desde el 1 de mayo, cuando Estados Unidos lo acusó de vínculos con el Cártel de Sinaloa, acusaciones que él calificó de «falsas y dolosas». Tampoco ha respondido a la ASF.
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¿Qué cambió en la ASF y por qué nos importa?
Hay que reconocerlo con datos: en seis meses, la ASF presentó 40 denuncias penales, tres de ellas con auditorías todavía abiertas, por primera vez, y nueve contra «coyotes» que vendían solventaciones.
Es la respuesta institucional que se pedía desde hace años. Con todo, hay un límite: la ASF reportó 21 denuncias judicializadas, y judicializar todavía no significa condenar.
Asimismo, el órgano aplicó la misma vara a un gobernador de Movimiento Ciudadano y a otro de Morena. A mi juicio, eso desactiva el argumento de la persecución partidista, aunque no sustituye las pruebas. Una ruta bancaria muestra movimientos; un delito exige demostrar intención y daño.
Y el ciudadano, ¿qué gana? Más del 80 % de lo pendiente de aclarar, unos 7,352 millones, está en estados y municipios: dinero para obras, salud y escuelas. Si la FGR archiva estos casos, el mensaje será que basta con alargar la cadena de proveedores.
Qué falta comprobar
1. Los 200 millones. La ASF debe aclarar si al despacho llegaron 728 o 928 millones, y qué periodo cubren esas transferencias.
2. Los nombres en Sinaloa. Falta el monto, la identidad oficial de la constructora y del exfuncionario de Finanzas, además de una respuesta de Rocha Moya.
3. La FGR. Habrá que ver si la Fiscalía judicializa la denuncia de Nuevo León o si la «cosa juzgada» local frena el caso federal.
El análisis completo, con las rutas del dinero en gráficas, ya está en el canal de YouTube de Política Gurú. Ahí nos vemos.
