El gobierno puede investigar bots y responder falsedades. Sin embargo, exhibir periodistas desde Palacio Nacional, sin metodología auditable, transforma un estudio digital en una señal política con consecuencias reales.
Claro y Conciso | Alberto Castelazo Alcalá
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@Castelazoa
Seamos claros: el gobierno puede responder y exhibir una mentira con pruebas. Lo que no debe hacer es colocar nombres de periodistas en una pantalla oficial, mezclarlos con trolls y bots, y luego sorprenderse porque aquello parezca una lista negra.
El 12 de agosto, en Palacio Nacional, Luisa María Alcalde presentó un estudio sobre una supuesta red digital contraria al gobierno. El análisis abarcó del 1 de enero al 8 de agosto y organizó el ecosistema en cuatro capas.
Según la exposición, 54 cuentas de medios y comentaristas originaban contenidos; después venían políticos, cuentas anónimas y un anillo de más de 560 mil posibles bots. El gobierno atribuyó a esa última capa alrededor de 22.7 millones de publicaciones.
El fenómeno merece atención. Las operaciones automatizadas existen y distorsionan la conversación pública. Ninguna democracia sensata debería ignorarlas. El problema comienza cuando una afirmación técnica llega sin metodología pública, criterios auditables ni evidencia que permita reproducir sus conclusiones.
La primera capa incluyó a Carmen Aristegui, Joaquín López-Dóriga, Paola Rojas, Ciro Gómez Leyva, Denise Dresser, Carlos Loret de Mola y varios medios. Alcalde aclaró que aparecer ahí no significaba participar en una operación coordinada. La precisión llegó tarde.
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López-Dóriga la invitó a discutir el asunto al aire y ella aceptó. Él insistió en que una lista con nombres sigue siendo lista. Alcalde negó cualquier propósito intimidatorio y respondió: “No hay que tener miedo”. Francamente, mala frase.
Cuando el Estado dice a la prensa que no tema, conviene preguntar por qué surgió el miedo. Paola Rojas denunció insultos, alusiones a su familia y amenazas. Artículo 19 detectó, durante las 48 horas siguientes, más mensajes intimidatorios contra comunicadores incluidos.
Ahí está la consecuencia ciudadana. Esto no afecta únicamente a grandes figuras. El mensaje alcanza al reportero local, al medio pequeño y a quien investiga al alcalde o gobernador de su comunidad sin abogados, reflectores ni plataforma nacional para defenderse.
La defensa de Claudia Sheinbaum tampoco resuelve el fondo. La presidenta aseguró que nadie está censurado y existe amplia libertad de expresión. Puede ser cierto que no haya una orden formal; sin embargo, la presión indirecta importa. El poder estigmatiza aunque no clausure redacciones.
Existe una contradicción incómoda. En 2021, Sheinbaum rechazó las listas políticas y las vinculó con el macartismo y el fascismo. Hoy sostiene que esta no cuenta como lista porque explica redes. El argumento difícilmente resiste una pantalla llena de nombres.
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Incluso Ricardo Monreal, coordinador de Morena en Diputados, marcó distancia: dijo que no vale la pena formular listas de personas contrarias al régimen y defendió la tolerancia. Cuando la objeción surge dentro de casa, convendría escucharla.
La Consejería Jurídica debe explicar por qué emplea recursos públicos para monitorear y calificar la conversación digital. Su tarea central es apoyar jurídicamente a la Presidencia y revisar leyes, decretos y actos del Ejecutivo. Convertirse en observatorio de críticos exige fundamento y transparencia.
Los periodistas no somos intocables. Podemos equivocarnos o publicar información incompleta. Debemos corregir y enfrentar réplicas. La réplica responde a un contenido con datos; no agrupa voces disidentes en un diagrama que sugiere maquinaria hostil.
El gobierno pudo publicar bases anonimizadas, explicar el modelo, someterlo a revisión independiente y señalar conductas automatizadas sin etiquetar periodistas. Habría fortalecido su argumento. Prefirió el espectáculo político: nombres grandes en pantalla, categorías ambiguas y aclaraciones posteriores. Ganó conversación; perdió credibilidad.
La salida es sencilla: publicar metodología, costos, proveedores, bases depuradas y criterios de clasificación; retirar señalamientos sin sustento y garantizar que no habrá expedientes ni represalias. Combatir bots es legítimo. Pasar lista a la crítica no. En democracia, el poder debe responder con pruebas, no con blancos.
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