Coche bomba, cifras optimistas y conflictos internacionales se cruzan en la Conferencia del Pueblo, donde el Gobierno presume avances mientras la violencia se reinventa.
Conferencia del Pueblo | Mañanera
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En la Conferencia del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum intentó enviar un mensaje de control, pero el coche bomba de Coahuayana, Michoacán, lo desmintió brutalmente.
Desde Palacio Nacional, Omar García Harfuch aseguró que el ataque no fue terrorismo, sino un acto del crimen organizado en disputa por el control regional.
Según el secretario, una célula ligada al CJNG o a Cárteles Unidos habría detonado el vehículo contra la policía comunitaria para reforzar sus negocios ilegales.
Harfuch explicó que legalmente hay terrorismo sólo cuando se busca imponer objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales; aquí, dijo, hubo puro negocio criminal.
Sin embargo, la FGR primero abrió la carpeta por terrorismo y luego la reclasificó; Sheinbaum pidió que la Fiscalía explique por qué cambió de criterio.
Mientras se intentaba bajar el tono al coche bomba, Sheinbaum defendió a Altagracia Gómez tras el escándalo por el contrato de Minsa.
Sheinbaum afirmó que ese contrato para vender harina al Gobierno “se canceló desde hace tiempo” y negó conflicto de interés con su asesora.

No obstante, las revelaciones sobre la adjudicación directa por cientos de millones dejan dudas sobre la frontera entre cercanía política e influencia en lo público.
En paralelo, Harfuch admitió que México no tiene datos sobre el exagente de la DEA acusado de lavar dinero para el CJNG.
Dijo que ya se pidió información formal a Washington, pero por ahora el Gobierno sólo conoce lo publicado en medios sobre la trama criminal.
Al mismo tiempo, el tema del agua tensó la relación con Donald Trump, que amenaza con aranceles si México no cumple el Tratado de Aguas.
Roberto Velasco recordó que, por la sequía extrema en la frontera norte, el artículo 4 permite completar los volúmenes pendientes en el siguiente ciclo quinquenal.
Aun así, la presidenta confirmó una reunión urgente con autoridades de Estados Unidos, mientras gobernadores fronterizos presionan por proteger a productores agrícolas.
La seguridad tampoco se limita ya al territorio nacional: la Sedena reportó un enfrentamiento entre narcos mexicanos y Ejército de Guatemala en la franja fronteriza.
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Aunque no se confirmó públicamente a qué cártel pertenecen los agresores, el choque evidencia que la guerra entre Sinaloa y CJNG ya cruzó la línea.
El Gobierno presume avances: doce penales concentran 56% de las líneas usadas para extorsión y en algunos ya se bloquea por completo la señal.
Según Harfuch, para el primer trimestre de 2026 quedarán blindados los catorce reclusorios federales y trece cárceles de la Ciudad de México contra llamadas criminales.
Además, la secretaria Marcela Figueroa sostuvo que los homicidios dolosos bajaron 37 por ciento desde septiembre de 2024, equivalente a 32 asesinatos menos cada día.
Sin embargo, la violencia sigue concentrada en estados como Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán.
Al final, la pregunta incómoda persiste: ¿cambia algo el rótulo jurídico cuando las comunidades siguen contando muertos y desaparecidos?
En resumen, el Gobierno insiste en que la estrategia funciona, pero el coche bomba, la frontera y las prisiones muestran que la guerra sigue abierta.

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