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La censura a periodistas, organizaciones sociales y ciudadanos en México se intensifica, con una preocupante proliferación de iniciativas legales. Congresos locales, como el de Puebla, ya avalaron la «Ley Censura», y normas federales para espionaje y bloqueo digital están en debate.
La polémica «Ley Censura» de Puebla, oficialmente Ley de Ciberseguridad, castiga insultos y ofensas en redes sociales con hasta tres años de cárcel. Esta medida, impulsada por funcionarios de Morena, también criminaliza el espionaje digital. Su aprobación, sin un debate adecuado, refleja una estrategia legislativa coordinada.
A nivel federal, una nueva Ley de Telecomunicaciones permitiría al gobierno bloquear plataformas digitales y censurar contenidos. Aunque su aprobación fue pausada por la presidenta, se reportó una versión ya aprobada por «fast track». Una Agencia de Transformación Digital podría decidir qué redes sociales bloquear.
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Además, se propone un «registro nacional de usuarios de telefonía móvil». Esto daría acceso total a la seguridad pública para intervenir comunicaciones. Sin embargo, este registro no garantiza seguridad; más bien, incrementa riesgos para la población.
Una iniciativa busca legalizar la vigilancia de comunicaciones por el Ejército bajo «seguridad nacional». Este paquete de reformas crearía una infraestructura de vigilancia sin precedentes. La justificación de seguridad a menudo vela un deseo de control total.
La persecución judicial contra periodistas aumenta, con una demanda cada tres semanas. Casos como el de Campeche evidencian el uso del sistema legal para silenciar voces críticas. Esto representa una preocupante táctica de «lawfare».
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La posible desaparición del INAI, clave para el acceso a la información, es otro elemento adverso. Expertos advierten que se está destruyendo la autonomía judicial, última barrera de protección para la prensa. Esto es parte de una estrategia integral para debilitar la democracia.
Organizaciones como Artículo 19 y Amnistía Internacional alertan sobre el grave riesgo. La Sociedad Interamericana de Prensa también expresa preocupación por el deterioro de la libertad de prensa. Existe un consenso global sobre estas violaciones a los derechos.
El panorama actual sugiere una «tremenda regresión» para los derechos humanos. Existe un alto riesgo de que estas leyes restrictivas se repliquen en otros estados . Esto generaría una «cascada» de limitaciones, induciendo autocensura generalizada.
La combinación de criminalización, vigilancia y desmantelamiento de contrapesos crea un futuro incierto. La esfera pública mexicana podría transformarse, con voces disidentes suprimidas y la rendición de cuentas minimizada.
Fuente El Universal
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