Con buques, facturas de “lubricantes” y complicidades en puertos, el CJNG levantó un negocio paralelo que inunda México de diésel barato, erosiona el IEPS y exhibe corrupción.
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El CJNG montó un imperio de huachicol fiscal con buques, papeles falsos y contactos en puertos. Es un negocio paralelo millonario.
El 8 de marzo, el Torm Agnes entró a Ensenada con 120 mil barriles. Descargó a camiones con mangueras, de noche y a toda prisa.
Detrás estuvo Ikon Midstream, de Houston. Compró diésel canadiense, lo declaró “lubricantes” y lo envió a Intanza, señalada como fachada del CJNG, evadiendo IEPS.
Si el diésel se declaraba, pagaba casi 7 millones en IEPS. Con lubricantes, el gravamen era cero. El cargamento valía unos 12 millones.
El Torm Agnes repitió maniobras en Guaymas. En paralelo, la red movió cargas por Tampico; el buque Challenge Procyon fue asegurado con 10 millones.
La Marina investiga corrupción interna. Hay 14 detenidos: empresarios, exaduaneros y mandos navales. Omar García Harfuch encabeza los anuncios y presume golpes recientes.
El contrabando ya cubriría hasta un tercio del mercado de diésel y gasolina. Además, su valor anual superaría 20 mil millones de dólares.
¿Por qué funciona? Porque declarar lubricantes evita IEPS. Así, entra “barato” y se vende a gasolineras sin licencia, fábricas y minas, desplazando a marcas formales.
Además, los cárteles mezclan rutas: camión, tren y buque. Usan empresas fantasma y sobornos para saltarse terminales seguras y descargar en sitios riesgosos.
También apareció Mefra Fletes en las descargas. Su exrepresentante fue detenido y hay orden contra el accionista mayoritario. La pista revela logística especializada.
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Asimismo, Torm cortó lazos con Ikon Midstream semanas después. Canceló contratos futuros y dejó claro el riesgo reputacional de participar en estas cadenas.
En términos fiscales, el golpe es enorme. Solo en 2024, pérdidas por IEPS rondarían 4 mil millones de dólares, según cálculos internos citados.
En suma, el huachicol marítimo es logística pura. Sin embargo, los decomisos oficiales apenas rozan la marea que entra cada mes al país.
Por eso, urge cerrar aduanas blandas, trazar cargamentos y sancionar intermediarios en EE. UU. y México. Solo así se corta el financiamiento de la violencia.
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