Mientras la Generación Z sale a las calles para exigir seguridad, el gobierno guarda silencio sobre el Bloque Negro, ese grupo encapuchado que revienta marchas y nunca aparece en las listas de detenidos.
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El relato oficial insiste en que todo está bajo control. Sin embargo, las imágenes del Bloque Negro rompiendo vallas desmienten cada palabra triunfalista.
Desde hace meses, autoridades universitarias escucharon a funcionarios federales admitir que los encapuchados están identificados. Incluso se habrían revisado expedientes, videos y registros internos.
Aun así, no hay nombres, no hay rostros y no hay órdenes de aprehensión visibles. El tema, convenientemente, ha sido empujado al olvido.
El antecedente en Ciudad Universitaria fue brutal. Encapuchados vestidos de negro vandalizaron casetas, pintas y rejas, mientras miles seguían todo por redes sociales.
Después llegaron las marchas del 2 de octubre y las protestas por seguridad en la UNAM. Ahí, el Bloque Negro apareció, golpeó y desapareció.
El guion se repitió el quince de noviembre. La marcha de la Generación Z salió pacífica del Ángel, pero en el Zócalo todo cambió.
Al acercarse a Palacio Nacional, grupos organizados comenzaron a tirar vallas con martillos y barretas. Entonces llegaron los gases, los golpes y el pánico.
Sin embargo, entre los detenidos no hay integrantes del Bloque Negro, denuncian colectivos como Somos México. En cambio, abundan jóvenes desarmados, sin casco ni organización.
Aquí asoma la gran contradicción. El gobierno federal presume inteligencia artificial, cámaras por todas partes y “estrategia de paz”.
Aun así, supuestamente, jamás puede identificar a un puñado de encapuchados que actúan igual, en los mismos sitios y con el mismo método.
Además, México carga una realidad insoportable: casi 25 homicidios por cada cien mil habitantes y más de 125 mil desaparecidos en las últimas décadas.
Esos números explican por qué miles salieron a marchar. Por eso la indignación de la Generación Z no es un berrinche, sino una respuesta legítima.
Mientras tanto, la presidenta Sheinbaum prefiere cuestionar quién convocó la marcha. Después, evita explicar quién permitió que la reventaran con violencia y gases lacrimógenos.
Primero estigmatiza, luego reprime y al final evade responsabilidades. Así se intenta trasladar la culpa de la violencia a quienes protestan pacíficamente.
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Nosotros, desde una posición de centro-derecha, podemos apoyar programas como la pensión a adultos mayores. Sin embargo, eso no justifica destruir el Estado de derecho.
Porque cuando el poder sabe quién provoca la violencia y no actúa, manda un mensaje peligroso: la ley se aplica selectivamente, según convenga al régimen.
Además, se normaliza que toda movilización crítica termine mezclada con piedras, gases y golpes.
Así, la protesta pacífica se criminaliza y el miedo se vuelve política pública.
La pregunta importante ya no es quién estuvo detrás de la marcha, sino quién está detrás del Bloque Negro y quién lo protege.
Si el gobierno realmente quiere paz, debería empezar por ahí. Primero, transparentar la información, luego investigar en serio y finalmente rendir cuentas sin pretextos.
Hasta que eso ocurra, cada valla derribada y cada estudiante gaseado recordarán que la prioridad no es la seguridad, sino blindar el proyecto político.
Aunque el Bloque Negro siga intocable, el silencio oficial dirá más que cualquier conferencia.
Al final, hay violencia útil al poder y violencia que se finge combatir.
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