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El ciclo escolar en Sinaloa finalizó con una profunda herida social. Al menos 80 escuelas básicas concluyeron actividades sin alumnos presentes, mientras que más de 50 estudiantes fueron asesinados. La violencia superó a la educación, dejando vacías las aulas por razones que nada tienen que ver con la falta de interés.
En septiembre de 2024, el conflicto entre facciones del Cártel de Sinaloa detonó una ola de inseguridad que afectó directamente a planteles escolares. Desde entonces, padres y madres decidieron no enviar a sus hijos a clases presenciales. A pesar de los esfuerzos de la Secretaría de Educación Pública y Cultura estatal, que aseguró que existían condiciones para mantener abiertas las escuelas, la realidad fue distinta.
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En Culiacán, un coche con explosivos estacionado frente a una preparatoria provocó el cierre prolongado de varias escuelas. La amenaza constante de ataques, balaceras y cuerpos abandonados en las inmediaciones de los centros educativos hizo imposible mantener la normalidad. Algunas instituciones fueron ocupadas temporalmente por fuerzas militares, lo que aumentó la tensión entre autoridades y comunidades.
Aunque el gobierno instaló patrullas y capacitó al personal docente para reaccionar ante ataques armados, las clases presenciales solo se reanudaron parcialmente en ciudades como Mazatlán y Elota. En contraste, zonas rurales como San Ignacio, Eldorado y Navolato reportaron cierres definitivos de planteles debido a la baja asistencia.
Las familias reclaman medidas de protección eficaces, no promesas vacías. Piden clases virtuales como solución temporal, similar a lo aplicado durante la pandemia. Pero mientras eso no ocurre, la educación queda suspendida.
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Casos como los de Gael, Alexander y Danna Sofía, menores asesinados en circunstancias violentas, evidencian la fragilidad del entorno escolar. La indignación crece entre docentes y padres. Marchas silenciosas y homenajes póstumos sustituyeron a las ceremonias de graduación.
Hoy, Sinaloa enfrenta un duelo colectivo. La infancia se ha convertido en blanco de un conflicto que parece no tener fin. La exigencia es clara: garantizar que el derecho a la educación no dependa de la violencia, sino de la paz.
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