Júniors del huachicol: los sobrinos del almirante y el hijo del gobernador

Huachicol fiscal

La columna de Carlos Loret de Mola en Historias de Reportero revela cruces de negocios, ascensos y aduanas. Mientras tanto, la narrativa oficial se resquebraja ante la línea de tiempo.

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La columna de Carlos Loret de Mola en “Historias de Reportero” expone conexiones de poder y negocios alrededor del huachicol fiscal y la Marina.

Primero, hay dos hilos nítidos: Sonora y los negocios. Fernando y Roberto Farías Laguna sonorenses; Alfonso Durazo Chávez también, desde hace años.

Además, ambos “júniors” comparten socio en proyectos inmobiliarios. Se trata del ganadero Ramón Ángel Castillo Vásquez, quien ha respaldado abiertamente a Alfonso Durazo.

Asimismo, la empresa de Durazo junior y Castillo nació cuando Durazo y Rafael Ojeda coincidían en el gabinete de Seguridad. También participan funcionarios estatales.

En paralelo, la firma de Fernando Farías con Castillo apareció en 2024, en la recta final del gobierno de AMLO. Entonces, el entramado cobró visibilidad.

Conviene recordar que en 2020 AMLO entregó el control de aduanas a la Semar para combatir corrupción. Sin embargo, se abrieron incentivos y espacios vulnerables.

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Durante 2018-2024, los Farías Laguna acumularon ascensos en la Marina dirigida por su tío. Por eso, crecieron sospechas de nepotismo y conflictos de interés.

Después, en 2022, Loret señaló negocios irregulares de los sobrinos. La reacción oficial descalificó y se centró en perseguir filtraciones dentro de la dependencia.

Ya en 2025, un buque con 10 millones de litros de diésel ilícito destapó la cloaca. Roberto fue detenido y Fernando quedó prófugo.

Además, el gobierno actual acusa huachicol fiscal y extiende cateos. Por lo tanto, la narrativa de casos aislados se debilita con cada diligencia.

El nuevo régimen de Claudia Sheinbaum ha intentado deslindar a Rafael Ojeda y a AMLO. No obstante, la línea de tiempo contradice versiones auto exculpatorias.

Porque la pregunta clave persiste: ¿quién autorizó rutas, verificaciones y mandos en Altamira y Tampico? ¿Quién debió detener a tiempo estas operaciones?

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Asimismo, ¿qué instancias fallaron en auditoría, control interno y rendición de cuentas? En consecuencia, la revisión institucional luce impostergable y responsabilidades.

Mientras tanto, la conexión Sonora–negocios añade presión política. Así, los proyectos inmobiliarios comparten socio y coyunturas, aunque no exista imputación contra Durazo junior.

En efecto, el caso obliga a blindar aduanas con trazabilidad, verificación independiente y denuncias protegidas. Además, deben revisarse ascensos y conflictos de interés.

Finalmente, conviene subrayar lo periodístico: lo aquí narrado proviene de la columna de Loret y del seguimiento público del caso. El escrutinio apenas comienza.

Saciamorbos: ¿y las comidas de Bobby, Amílcar y los sobrinos operadores? El tío jugaba golf en el Club Campestre mientras ardía la Marina.

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