Tras bloqueos y foros técnicos, Morena promete ajustar la iniciativa de Ley de Aguas de Sheinbaum: revisarán concesiones, transmisiones de derechos y el poder de Conagua sobre productores.
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La nueva Ley de Aguas de Claudia Sheinbaum nació con una promesa social: garantizar el derecho al agua y frenar el mercado negro de concesiones.
Sin embargo, las protestas de campesinos en carreteras y casetas evidenciaron el costo de esa receta.
Para muchos productores, la tierra sin título de agua prácticamente no vale nada.
Además, el Gobierno quiso prohibir la transmisión de derechos entre particulares.
Así, heredar, vender o reestructurar un rancho sería casi imposible sin pasar primero por la Conagua.
Por eso, organizaciones rurales advirtieron que el Estado tendría un control casi absoluto del líquido.
Mientras tanto, ellos seguirían asumiendo la incertidumbre y el riesgo productivo.
Ante ese enojo, Ricardo Monreal ya adelantó cambios.
Según reconoció, varias críticas de foros técnicos, abogados y productores “tienen razón” y deben reflejarse en el dictamen final.
Así, Morena ofrece matizar la prohibición total.
La idea es permitir transmisiones legítimas, siempre que se respete el uso, el volumen, el cuerpo de agua y el punto de extracción.
De esta forma, se cerraría la puerta al mercado negro, pero sin frenar fusiones y sucesiones familiares.
También se protegerían compraventas normales de negocios agrícolas que dependen del riego.
Hay que reconocer algo: escuchar a los afectados y corregir el rumbo es un paso positivo.
Aun así, el Gobierno reaccionó cuando llegaron los bloqueos.
Además, la iniciativa mantiene una fuerte centralización en Conagua, con dientes sancionadores y más controles.
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Si no hay reglas claras, muchos trámites seguirán atorados en ventanillas.
Sin procesos ágiles, cambiar de titular puede convertirse en un viacrucis burocrático.
Y eso pega más fuerte a pequeños productores, no a los grandes acaparadores.
Mientras tanto, las organizaciones campesinas exigen certezas.
Piden que las concesiones vigentes se respeten, que no se les criminalice y que existan planes reales de recarga de acuíferos.
Porque sí, se necesita una nueva política de agua más justa y sustentable.
Pero si la solución arrincona a quienes producen alimentos, la reforma nace coja.
Al final, la verdadera prueba será el texto definitivo.
Si Morena solo maquilla la iniciativa, el conflicto por el agua volverá a desbordarse en las calles.
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