La CNTE volvió a tensar la cuerda con el Gobierno federal mediante marchas, bloqueos y toma de casetas, mientras exige abrogar la Ley del ISSSTE de 2007.
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La CNTE volvió a tensar la cuerda con el Gobierno federal: marchas, bloqueos, toma de casetas y una exigencia central que no se mueve, la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.
La presión escaló después de una semana de movilizaciones en vialidades clave, protestas frente a inmuebles públicos y privados, y acciones que ya rebasaron la mesa educativa. El conflicto golpea al magisterio, pero también al ciudadano que queda atrapado entre cierres, traslados más largos y afectaciones económicas.
El Gobierno de Claudia Sheinbaum respondió con una propuesta enfocada en fortalecer PENSIONISSSTE, la Afore pública del país. La idea oficial plantea convertirla en una alternativa más fuerte para maestros bajo el régimen de cuentas individuales.
Sin embargo, la Coordinadora no aceptó ese planteamiento como salida suficiente. Su demanda apunta más alto: eliminar la reforma de 2007, que sustituyó el antiguo esquema de pensiones por cuentas individuales administradas, en buena parte, por Afores privadas.
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La calle como mesa de negociación
La CNTE conoce bien el terreno. Moviliza a sus bases, bloquea puntos estratégicos, abre negociaciones y repliega cuando obtiene concesiones parciales. No es una táctica nueva. Es un método probado durante décadas.
El Gobierno, por su parte, intenta contener el conflicto sin abrir una crisis fiscal mayor. Abrogar por completo la reforma del ISSSTE implicaría un impacto presupuestal considerable, justo cuando el gasto público ya enfrenta presiones en salud, educación, infraestructura y pensiones.
Ahí está el fondo del choque. La Coordinadora exige seguridad para el retiro de miles de docentes. La administración federal busca evitar que esa demanda se convierta en una factura imposible de cubrir.
El año pasado, el Gobierno anunció un aumento salarial de 9 por ciento retroactivo a enero, un punto adicional desde septiembre y una semana extra de vacaciones para maestros. La medida representó alrededor de 36 mil millones de pesos anuales.
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También se abrieron recursos para basificación, regularización laboral y pagos pendientes en entidades con fuerte presencia de la CNTE, como Oaxaca. Aun así, la exigencia de fondo sigue intacta.
Presión sindical y costo ciudadano
La Coordinadora opera como un bloque beligerante dentro del sindicalismo magisterial. Mientras el SNTE negocia prestaciones generales, la CNTE suele empujar por una vía más dura: movilización, choque, negociación y repliegue.
Ese mecanismo le ha permitido obtener beneficios adicionales, aunque también ha generado desgaste social. Cada bloqueo deja comercios cerrados, transporte detenido, pérdidas para trabajadores y tensión en accesos carreteros.
La protesta subió de tono con la toma de casetas en accesos a la Ciudad de México. En Tlalpan, Puente de Vigas y puntos de la Autopista del Sol, maestros permitieron el paso libre de automovilistas como parte de su jornada de presión.
En Tijuana, docentes bloquearon durante horas la garita de El Chaparral, uno de los cruces más sensibles entre México y Estados Unidos. La movilización dejó de ser solo educativa: tocó movilidad, comercio y frontera.
El Gobierno insiste en mantener el diálogo. La CNTE mantiene la presión. En medio queda una pregunta incómoda: cuánto puede ceder el poder público antes de que la cuenta la paguen millones de ciudadanos que no están sentados en la negociación.
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