El Departamento del Tesoro de EU sancionó a la facción “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa en Rosarito y vinculó a la diputada de Morena Hilda Araceli Brown con la red de lavado y extorsión.
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a “La Mayiza”, facción del Cártel de Sinaloa, por operar una red criminal en Playas de Rosarito, Baja California.
Además, incluyó a la exalcaldesa y hoy diputada de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, por presuntos vínculos con esa estructura.
Según Washington, la facción conocida como “Los Mayos” consolidó control territorial y económico en Rosarito mediante extorsiones, lavado y protección oficial.
Por ello, OFAC bloqueó bienes e impuso prohibiciones a 7 individuos y 15 empresas.
En este esquema, los hermanos Alfonso y René Arzate García —aliados de “El Mayo” Zambada— mantendrían el dominio regional.
Mientras tanto, Candelario Arcega y Jesús González Lomelí habrían operado como enlaces financieros y políticos en la costa.
Asimismo, el Tesoro describe a González Lomelí como un “magnate” con negocios usados para lavado de dinero del cártel.
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Entre los señalados aparecen Bombay Beach Club, Coco Beach Club y Mariscos El Caimán.
Durante la administración municipal de Brown, los operadores habrían recaudado extorsiones y gestionado protección para la estructura de los Arzate.
Así, habrían colocado aliados en puestos clave de Seguridad Pública y áreas estratégicas.
Para México, las sanciones implican un golpe reputacional y operativo.
Sin embargo, también presionan a las autoridades locales a transparentar nombramientos, contratos y supervisión de giros negros.
De hecho, el gobierno estadounidense subrayó que las medidas buscan cortar flujos financieros del narco.
Además, prohíben a ciudadanos y empresas de EU realizar transacciones con los enlistados.
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En paralelo, Washington ofreció 5 millones de dólares por Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, operador armado de Los Mayos.
Con ello, la estrategia busca pegar a mando, dinero y logística.
Por supuesto, Morena enfrenta un reto político: deslindarse con hechos y exigir investigaciones.
Porque, más allá del discurso, la ciudadanía reclama rendición de cuentas en Rosarito y en todo Baja California.
En síntesis, La Mayiza exhibe cómo el narco captura municipios mediante extorsión, lavado y cooptación.
Y, mientras tanto, el escrutinio internacional coloca reflectores sobre narcopolítica y responsabilidades.
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