La SHCP retiró del portal de Cartera Pública los costos y permisos de la Megafarmacia en Huehuetoca. Además, Birmex negó conocer el inventario real y el avalúo fue reservado.
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Hacienda borra datos de la Megafarmacia: opacidad en costos, permisos y existencias.
La SHCP retiró de su portal detalles de inversión y operación de la Megafarmacia de Huehuetoca. Además, Birmex negó conocer el inventario actual.
Según registros de 2025, el proyecto alcanzó 15 mil millones. Así, subió 4 mil 200 millones en un año. Ese dato ya no es público.
Además, se eliminaron evaluaciones, escrituras y licencias. También desaparecieron campos de Cartera Pública con costos de mantenimiento y operación anual por 304 millones.
Por otra parte, el acceso ahora arroja un aviso de página inexistente. Así, Hacienda dejó al ciudadano sin ruta para verificar información clave del proyecto.
Asimismo, el expediente señalaba 425 mil 389 m² de superficie. También incluía dos naves de 94 mil 127 m² y capacidades para cadena de frío.
En paralelo, la evaluación socioeconómica justificó concentrar fármacos de cinco almacenes de Birmex. Sin embargo, también advertía riesgos de sobrecostos e inflación durante la ejecución.
Mientras tanto, Birmex respondió que no posee datos de piezas almacenadas hoy. Además, dijo carecer de series mensuales de abastecimiento entre 2024 y 2025.
De hecho, en diciembre de 2024 reportó 1,150,616 piezas en resguardo, frente a una capacidad de 280 millones. Después, la trazabilidad pública se volvió más difusa.
Asimismo, el dictamen valuatorio G-35930-ZNC quedó reservado hasta 2029 por “seguridad nacional”. Así, el avalúo del INDAABIN permanece cerrado a escrutinio social.
No obstante, la magnitud del gasto exige certezas documentales. Por ello, resulta indispensable transparentar contratos, cronogramas, proveedores, penalizaciones y métricas de desempeño logístico.
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Además, la autoridad debe explicar por qué retiró esos expedientes. También urge publicar la ubicación vigente del proyecto en sistemas abiertos, verificables y auditables.
En suma, la ciudadanía debe saber qué se compró, cuánto costó y cómo opera. Así, evaluarán si la Megafarmacia cumple objetivos de abasto y ahorro.
Por ahora, el Congreso puede exigir informes y auditorías. Incluso, podría solicitar comparativos con alternativas logísticas públicas y privadas, con metas medibles y tiempos claros.
También conviene revisar la Cofepris y licencias municipales ligadas al sitio. Así, se despejan dudas sobre permisos, cadena de frío y cumplimiento sanitario.
De igual forma, habría que publicar entregables trimestrales de desempeño. Además, conviene fijar sanciones por incumplimientos y tableros con inventario, surtimiento y tiempos de respuesta.
Al final, la opacidad eleva costos y mina la confianza. Por eso, la vía correcta es abrir datos, corregir fallas y rendir cuentas sin excepciones.
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