Una investigación sobre 252 mil 901 pagos realizados por Morena mediante Finabien reabrió el recuerdo del Monexgate. Aunque existen similitudes operativas, ninguna autoridad ha determinado que ambos casos sean jurídicamente equivalentes.
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El “Monexgate” volvió al debate tras una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que documentó que Morena dispersó 134.9 millones de pesos mediante Financiera para el Bienestar (Finabien) en 2024, año electoral, cuando Mario Delgado encabezaba el partido.
Según la investigación, el Comité Ejecutivo Nacional morenista realizó 252 mil 901 pagos, promedio: 533 pesos por operación. Los movimientos fueron registrados como “apoyos sociales” y derivaron de un contrato firmado en 2022, vigente hasta el 28 de junio de 2024.
MCCI sostiene que esas erogaciones no aparecen identificadas en los informes electorales presentados por Morena ante el Instituto Nacional Electoral. Esto no acredita una infracción: corresponde al INE revisar origen, destino, beneficiarios y eventual vínculo electoral de los recursos.
Finabien rechaza irregularidades
Finabien respondió que solamente proporcionó el servicio “giro telegráfico a grandes usuarios”, mediante contratos sujetos a supervisión. Precisó que los depósitos fueron clasificados como “apoyos económicos”, no “apoyos sociales”, y negó participar en actividades irregulares.
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La institución agregó que carece de atribuciones para fiscalizar el gasto partidista. Esa responsabilidad recae en el INE. El punto central es cómo reportó Morena las transferencias, para qué se utilizaron y quiénes recibieron el dinero.
El antecedente de 2012
La comparación remite al escándalo de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. PAN y PRD denunciaron que el PRI y la coalición Compromiso por México utilizaron tarjetas Monex para distribuir recursos entre operadores electorales, abriendo una investigación sobre financiamiento, destino y topes de campaña.
El IFE partió de un contrato para adquirir 9 mil 924 tarjetas. Delimitó 7 mil 851 vinculadas con operaciones favorables al PRI; 7 mil 727 registraron 43 mil 733 movimientos por 57.3 millones de pesos.
Hasta el cierre de las campañas, la autoridad contabilizó 32 mil 624 operaciones por 50.5 millones de pesos. De ellos, 44.6 millones fueron retirados en cajeros automáticos, equivalentes al 88.36 % del monto ejercido durante ese periodo.
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Similitud no significa identidad
El IFE declaró infundado el procedimiento sancionador contra PRI-PVEM, aunque ordenó contabilizar 50.5 millones dentro de los topes de las campañas beneficiadas y dio vista a autoridades locales sobre otras cantidades. No acreditó compra o coacción del voto que invalidara la elección.
Ambos episodios comparten el uso de infraestructura financiera para distribuir dinero durante procesos electorales. Sin embargo, difieren en actores, instrumentos, contratos y situación jurídica. Hasta ahora, ninguna resolución establece que Morena haya replicado las irregularidades denunciadas en 2012.
El impacto público radica en la transparencia del financiamiento político: si el INE abre una revisión, deberá determinar si los 134.9 millones fueron gasto ordinario legítimo, apoyos documentados o erogaciones electorales omitidas. La respuesta definirá responsabilidades y pondrá a prueba los controles sobre el dinero partidista mexicano.
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