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A partir del 1 de septiembre, la renovada Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá resolver más de mil asuntos acumulados. Entre ellos, destacan 76 impugnaciones directas a reformas impulsadas por la Cuarta Transformación.
Estos casos, considerados prioritarios, incluyen controversias sobre los créditos hipotecarios del ISSSTE, el sistema de salud del Bienestar y los poderes extraordinarios conferidos a Guadalupe Taddei, titular del INE. También se cuestiona la desaparición del Inai, sustituido por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como la participación militar en telecomunicaciones.
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Los nueve nuevos ministros, electos por voto popular el pasado 1 de junio, asumirán el cargo tras una reforma judicial que eliminó las salas del máximo tribunal. A partir de esa fecha, todos los asuntos deberán discutirse en el pleno.
Encabezará la Corte Hugo Aguilar, quien obtuvo el mayor número de votos. Le acompañarán figuras cercanas a Morena como Sara Irene Herrerías, Estela Ríos, y los reelegidos Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.
La presidencia saliente, a cargo de Norma Piña, detuvo la asignación de nuevos expedientes desde abril. El objetivo fue dejar resueltos los casos asignados hasta el 31 de agosto. No obstante, según un informe interno, al cierre de junio permanecían sin resolver 1,151 expedientes.
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Entre ellos se encuentran 275 controversias constitucionales, 194 acciones de inconstitucionalidad, y 216 amparos en revisión. Muchos están ligados a decisiones legislativas del sexenio anterior y el actual.
Adicionalmente, quedan por atender los recursos contra el Plan B electoral, la nacionalización del litio, la creación del Banco de ADN, y el conflicto fiscal entre Elektra y el SAT.
El desempeño de esta nueva Corte será clave para definir la legalidad de gran parte del andamiaje institucional de la 4T.
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