Una red de mandos navales y operadores privados habría usado aduanas estratégicas para introducir combustible ilegal y favorecer al CJNG, con empresas y buques que simularon aditivos a granel.
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La operación se articuló alrededor de Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, jefes navales señalados por facilitar el ingreso de huachicol fiscal mediante aduanas estratégicas.
Además, la indagatoria incluye una línea sobre tráfico de fentanilo, lo que amplía el alcance criminal y logístico del entramado detectado por autoridades federales.
De acuerdo con la investigación de la FGR, Intanza y Azteca Cone, con domicilios en Nuevo León, aparecen entre las principales beneficiarias del esquema.
Asimismo, la empresa Mefra Fletes, con domicilio en Guadalajara, habría funcionado como enlace con el CJNG dentro de la estructura de importación irregular.
Su representante legal fue Anuar González Hemadi, exjuez destituido en Veracruz, conocido por su actuación en el caso Los Porkys, antecedente que encendió alertas públicas.
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Además, Mefra Fletes operó con al menos quince empresas factureras y fantasmas, según las primeras indagatorias difundidas durante abril, lo que evidenció una red financiera paralela.
Uno de los socios, Eric Daniel Zamora Delgadillo, fue acusado en Estados Unidos de lavar dinero para el CJNG mediante Ecocarburante y quedó incluido en la lista OFAC.
Por su parte, Ikon Midstream LLC, con sede en Houston, habría vendido en territorio estadounidense el producto que después ingresó a México bajo pedimentos alterados.
Estas firmas introdujeron catorce buques que transportaban gasolina en lugar de aditivos, mientras los documentos de importación reportaban mercancía destinada a aceites lubricantes.
Entre 2024 y 2025, los registros de la aduana de Tampico atribuyen a estas empresas treinta y un arribos de supuestos aditivos a granel para lubricantes.
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En el caso de Intanza, se investigan importaciones ilegales de diésel que llegaron en marzo a Guaymas mediante el buque Torm Agnes, pese a operativos previos en Tampico.
Según el expediente, los hermanos Farías Lagunas, familiares políticos de Rafael Ojeda Durán, tomaron control en Tampico, Altamira y Guaymas, colocando personal naval leal.
Así, la combinación de mandos, agentes y compañías habría capturado procesos aduaneros sensibles, permitiendo un flujo sostenido de combustible fuera de norma.
Finalmente, la FGR mantiene abiertas las pesquisas para definir responsabilidades, asegurar activos y robustecer las acusaciones por contrabando y delincuencia organizada.
En suma, el caso exhibe cómo la estructura pública y privada se entrelazó en puertos clave y derivó en un circuito rentable para el CJNG.
Huachicol fiscal
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