Los OPLES enfrentan recortes persistentes y un semáforo del INE en alerta. Al mismo tiempo, Claudia Sheinbaum propone revisar su continuidad. El debate crece entre eficiencia, federalismo y certeza electoral.
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Los OPLES viven con presupuestos apretados. Cada año, los Congresos locales ajustan a la baja sus pedidos, y la incertidumbre crece en medio de la discusión nacional.
El INE activó un semáforo para monitorear riesgos financieros. En rojo quedaron Zacatecas y Yucatán. Ahí, la operación electoral peligra por la falta de ampliaciones presupuestales.
En amarillo aparecen San Luis Potosí, Guerrero, Ciudad de México y Veracruz. También solicitaron recursos adicionales y, hasta ahora, esperan respuesta para cumplir tareas inmediatas y calendarios comprometidos.
La Comisión de Vinculación con los OPLES reportó recortes en veinticuatro institutos. Por eso, el desfase entre lo solicitado y lo aprobado complica nóminas, capacitación, logística y mantenimiento tecnológico.
Al mismo tiempo, Claudia Sheinbaum abrió el debate sobre su continuidad. Propuso revisar el modelo y, eventualmente, concentrar funciones como parte de una reforma electoral con promesa de ahorro.
La presidenta preguntó si “vale la pena que continúen”. Además, argumentó casilla única y fiscalización centralizada, insinuando que sobran estructuras estatales y que la coordinación federal sería suficiente.
Las alarmas se encendieron entre defensores del sistema. Mientras tanto, el tema saltó a la arena pública y puso al INE en el centro del nuevo pulso político.
Guadalupe Taddei sostuvo que la coordinación nacional con OPLES funciona. Asimismo, pidió mejorar sin desmontar capacidades instaladas. Por ahora, el mandato operativo es mantener elecciones locales impecables y confiables.
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José Woldenberg advirtió que eliminarlos golpearía al federalismo y podría aumentar costos. Igualmente, alertó que el INE resolvería problemáticas locales sin conocimiento fino del territorio ni realidades comunitarias.
Por su parte, Lorenzo Córdova recordó la complejidad de comicios por usos y costumbres. Por ello, cuestionó la viabilidad de coordinar esas particularidades desde un mando exclusivamente central.
Los treinta y dos OPLES erogan miles de millones para operación anual. Además, la elección judicial en diecinueve entidades exigió ampliaciones, necesarias para sostener logística, seguridad y certeza de resultados.
Con menos dinero, los institutos locales reducen capacitación, producción de materiales y actualización tecnológica. No obstante, los comicios exigen precisión y tiempos estrictos que no toleran improvisaciones ni parches.
El debate es crucial: está en juego la confianza ciudadana. También la calidad de la representación en municipios y congresos estatales, donde se toman decisiones que impactan la vida cotidiana.
Quienes impulsan centralización alegan ahorro y simplificación. Sin embargo, especialistas sostienen que concentrar tareas no garantiza eficiencia y puede alejar la atención de conflictos locales que requieren manos cercanas.
Además, los OPLES conocen actores, geografías y calendarios. Así, reaccionan con rapidez ante violencia electoral, desastres naturales o disputas municipales. Esas capacidades territoriales tardan años en construirse y coordinarse.
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De cara a 2025, urge un diagnóstico público y técnico. Luego, deben compararse costos reales, riesgos y beneficios, antes de tocar engranajes que sostienen nuestra normalidad democrática cotidiana.
En suma, OPLES, INE y gobiernos estatales necesitan acuerdos responsables y verificables. Mientras tanto, recortar sin planeación amenaza procesos, y desaparecer instituciones sin evidencia sería una apuesta demasiado arriesgada.
La ciudadanía merece certezas, no experimentos. Por eso, el debate debe abrirse con datos, escuchar a expertos y blindar elecciones locales con eficiencia, cercanía institucional y plena legalidad.
Si se decide reformar, conviene fases, pilotos y evaluación independiente. Así, cualquier cambio medirá impactos reales sin poner en riesgo la integridad de los próximos comicios.
Mientras llega el dictamen, los OPLES necesitan liquidez y certidumbre. Además, requieren respaldo político claro para planear 2025 sin sobresaltos, manteniendo personal capacitado y contratos operativos esenciales.
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