Devuelven la retroactividad “disfrazada” en la Ley de Amparo; San Lázaro avala reforma tras sesión maratónica

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Tras más de 15 horas de debate, Diputados avalaron cambios a la Ley de Amparo. Hubo ajustes al tercer transitorio, a las reglas de suspensión y al interés legítimo.

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La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Amparo tras una sesión de más de quince horas. El debate fue ríspido y numeroso.

En lo general, el dictamen obtuvo 345 votos a favor y 131 en contra. En lo particular, cerró con 322 a 128 y tres abstenciones.

El punto clave fue el tercer transitorio. Con la redacción avalada, etapas ya concluidas seguirán con la ley vigente; las actuaciones futuras aplicarán la nueva norma.

Para Morena, esto evita afectaciones y da certeza jurídica. La oposición lo considera “retroactividad disfrazada” que impacta juicios en curso y colectivos vulnerables.

Reforma a la Ley de Amparo
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Además, se afinó el artículo 129: habrá perjuicio al interés social si continúan actividades que requieren permisos o concesiones federales revocados o inválidos.

También se tocó el artículo 128 sobre suspensión. Se suprime un inciso y se precisa que no podrá causar daño significativo a la colectividad ni privarla de beneficios ordinarios.

La reforma redefine interés legítimo. Exige lesión real, actual y diferenciada, y que la anulación genere un beneficio directo para la persona quejosa. Los críticos ven un filtro restrictivo.

Asimismo, incorpora amparo en línea: promociones, notificaciones y expedientes podrán tramitarse en formato digital o impreso, de forma opcional.

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En tribuna, el oficialismo defendió que el amparo será más ágil y ordenado. La oposición advirtió un retroceso en la protección de derechos humanos. El choque fue frontal.

El tema de retroactividad arrastra semanas. El Senado incorporó una cláusula polémica; la Presidencia pidió corregirla para respetar el artículo 14 constitucional.

Ahora, el dictamen regresa al Senado para los efectos constitucionales. El desenlace definirá el equilibrio entre eficacia judicial y protección de derechos.

Mientras tanto, sectores civiles y juristas seguirán vigilando la aplicación de suspensiones y del interés legítimo. El impacto real se medirá en los tribunales.

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