Un concurso de Capufe para modernizar el telepeaje desató denuncias, cambios internos y dudas sobre la masificación del TAG en 2026; el caso salpica a la 4T.
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El nuevo caso en Capufe exhibe cómo una licitación para modernizar el telepeaje terminó en acusaciones de corrupción y favoritismo, según la columna de Raymundo Riva Palacio.
De inicio, el concurso incluyó 18 partidas; finalmente, 11 fueron adjudicadas y 7 quedaron desiertas, lo que generó inconformidades de varias firmas participantes.
Además, el fallo confirmó ganadores: Hitachi Rail GTS México y OfiStore, en un paquete clave para la red de Capufe, Fonadin y el tramo México–Puebla.
Sin embargo, el énfasis recayó en OfiStore: su propuesta habría superado precios vigentes en 140% y a las más bajas en 322%, dato que elevó las alertas.
A la par, se documentaron prácticas irregulares durante pruebas técnicas y supervisiones, incluso la acreditación de perfiles con conflicto de interés en el propio proceso.
Por ello, el caso escaló a denuncias penales por posibles delitos vinculados a corrupción y uso indebido de facultades, detonando movimientos dentro del organismo.
En ese contexto, se reportaron cambios relevantes en áreas de Sistemas Electrónicos de Peaje y en el Órgano Interno de Control, como parte de las primeras consecuencias.
El trasfondo político también pesa. Según los señalamientos, hay pulsos en Morena entre quienes buscan limpiar prácticas heredadas y quienes resisten perder privilegios.
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Mientras tanto, la meta pública es masificar el TAG y reducir pérdidas por cobros en efectivo, calculadas en miles de millones de pesos anuales.
De hecho, el gobierno prevé uso obligatorio del TAG desde enero de 2026 en la mayoría de carriles, aunque la implementación sería gradual y con ajustes operativos.
No obstante, el escándalo golpea credibilidad y tiempos. Si la licitación arranca cuestionada, el riesgo es frenar inversiones, generar litigios y retrasar la modernización.
En conclusión, el proyecto puede avanzar solo con auditorías técnicas independientes, transparencia en pruebas y trazabilidad de costos que disipen dudas y garanticen competencia real.
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