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Crece la controversia en torno a presuntos vínculos entre figuras de la Cuarta Transformación y organizaciones criminales. Aunque Morena rechaza rotundamente tales señalamientos, informes periodísticos y agencias extranjeras sostienen lo contrario.
Durante su presidencia, Andrés Manuel López Obrador enfrentó acusaciones de supuestos nexos con el narcotráfico. A pesar de sus negativas, nuevas investigaciones continúan avivando estas sospechas.
Uno de los casos más señalados es el de Vector Casa de Bolsa. Esta institución, ligada a Alfonso Romo, exasesor de AMLO, fue sancionada por Estados Unidos. Según FinCEN, Vector habría facilitado transacciones al Cártel de Sinaloa y al Cártel del Golfo.
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Entre 2013 y 2021, se identificaron operaciones financieras que involucraban más de dos millones de dólares. Las autoridades estadounidenses consideran que estos movimientos favorecieron el tráfico de opioides.
Vector negó las acusaciones en un comunicado. Aseguró operar conforme a los más altos estándares de cumplimiento y supervisión financiera.
Paralelamente, medios como ProPublica y The Spectator han señalado que campañas presidenciales de López Obrador habrían recibido fondos ilícitos. Las versiones se basan en testimonios de exintegrantes del crimen organizado.
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Por su parte, la Casa Blanca y funcionarios como Marco Rubio han criticado severamente al gobierno mexicano. Consideran que existe una permisividad hacia los cárteles.
También surgieron señalamientos sobre el abogado Juan Manuel Penilla, supuesto asesor en el gobierno de Tamaulipas, aunque esto fue negado oficialmente.
Además, una supuesta lista del gobierno estadounidense vincula a varios gobernadores morenistas con el narco. Algunos habrían sufrido revocación de visas por estos presuntos lazos.
Entre los nombres destacan Marina del Pilar Ávila, Rubén Rocha y Américo Villarreal. Todos han negado vínculos criminales y atribuyen las acusaciones a motivaciones políticas.
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