Mientras México busca llevar ante la justicia a Fernando Farías, una falla procesal dejó sin efecto la orden contra el único prófugo de la causa.
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Un juez federal invalidó la orden de aprehensión contra el capitán de corbeta retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, “El Capitán Sol”, señalado por la FGR como operador de una presunta red de huachicol fiscal, justo cuando el Gobierno mexicano anticipa la posible entrega desde Argentina del contralmirante Fernando Farías Laguna.
La resolución representa un revés procesal para la Fiscalía y complica el mensaje oficial de avance. El juez Juan Aguilar Rodríguez concluyó que el mandamiento, librado el 19 de agosto de 2025, fue emitido por escrito sin que antes se celebrara la audiencia oral exigida por el sistema penal acusatorio.
Por ello, ordenó a la jueza Nancy Selene Hidalgo Pérez dejar insubsistente la captura y realizar una nueva audiencia para decidir oralmente si procede. El fallo no absuelve a Solano ni cancela la investigación: obliga a la FGR a corregir el procedimiento y, en su caso, solicitar otra orden.
De las 13 personas contra quienes se libraron mandamientos en la misma causa, 11 están detenidas. Fernando Farías permanece bajo custodia en Argentina y Solano continúa prófugo; sin embargo, este último queda por ahora sin una orden ejecutable, mientras se cumple la reposición ordenada por el juez.
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El contraste aumentó después de que la presidenta Claudia Sheinbaum afirmara que “todo parece indicar” que Farías será pronto trasladado a México, aunque reconoció que no existe una fecha. Su defensa respondió que el juicio de extradición comenzará el 27 de agosto y que ninguna resolución autoriza todavía su entrega.
Farías fue detenido el 23 de abril en Argentina y se opuso a una extradición voluntaria. Además, anunció que solicitará asilo político alegando riesgo para su vida. Es hermano del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, preso en México; ambos son sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán.
Según la investigación de la FGR, Solano funcionaba como intermediario de los hermanos Farías y enviaba sobornos de un millón 750 mil pesos a funcionarios de la Aduana de Tampico por cada embarcación autorizada para descargar.
Entre abril de 2024 y marzo de 2025 habrían ingresado 31 buques con combustible de contrabando.
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Dos declarantes también afirmaron ante la Fiscalía que Solano mencionaba a “Andy” o “el hijo del presidente” como alguien enterado de las operaciones.
Esos testimonios son señalamientos dentro de una carpeta, no acreditan participación delictiva de Andrés Manuel López Beltrán y, públicamente, no se conoce imputación penal en su contra por este caso.
El episodio no derrumba la causa, pero exhibe una vulnerabilidad que la Fiscalía debió evitar en un expediente de alto impacto. Sin una extradición resuelta y con una captura anulada por fallas procesales, el Gobierno enfrenta una contradicción incómoda: mostrar resultados exige también órdenes válidas, pruebas sólidas y debido proceso.
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