Morena y MC se acusan de “robo” de curules, pero el fondo es más serio: cómo una regla electoral convierte votos en poder legislativo y acelera —o frena— reformas con impacto directo en el ciudadano.
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El pleito entre Morena y Movimiento Ciudadano (MC) por la sobrerrepresentación no es solo un choque de egos; X: es una disputa sobre cómo se traduce tu voto en poder real dentro del Congreso. Y, por eso, importa fuera de la burbuja política.
Para entenderlo, hay que aterrizar el “cómo”. La Cámara de Diputados tiene 500 curules: 300 se ganan por distrito (mayoría) y 200 se reparten por listas (representación proporcional). Así, un partido puede “arrasar” territorios con 300 y luego ajustar con 200, pero el ajuste nunca es perfecto.
El punto de fricción está en el artículo 54 constitucional: fija un tope de sobrerrepresentación de 8 puntos, pero por partido, no por coalición. Por eso, cuando una alianza compite en bloque, el reparto final se calcula partido por partido, según el emblema con el que cada candidatura se registró.
Con esa lógica, el INE asignó las 200 plurinominales en 2024: Morena 75, PVEM 20, PT 13, MC 26, PAN 40 y PRI 26. Luego, la integración total quedó así: Morena 236, PVEM 77, PT 51, PAN 72, PRI 35, MC 27, PRD 1 e 1 independiente.
De ahí sale la cifra que enoja: Morena + PT+PVEM suman 364 curules, cerca del 73 % de la Cámara. Mientras tanto, la oposición se queda lejos de un tercio, umbral clave para bloquear ciertas decisiones por la vía constitucional.
En ese contexto, Jorge Álvarez Máynez insiste en que el oficialismo obtuvo alrededor de 54–55 % de la votación para San Lázaro, pero terminó con más del 70 % de los escaños. Por eso, lo llama “sobrerrepresentación”.
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Luisa María Alcalde revira que MC, con cerca de un 11 % de votación, terminó con 27 curules. Además, sostiene que el sistema castiga a quien no gana distritos, aunque junte votos nacionales.
Ambos pueden tener un pedazo de razón, aunque por motivos distintos. Por un lado, el sistema mixto premia ganar distritos, y quien pierde territorio paga caro. Por otro lado, las coaliciones permiten “administrar” candidaturas entre aliados para maximizar curules sin violar el tope individual.
¿Y el ciudadano común qué se juega? Mucho. Con una supermayoría, pasan reformas que cambian tu vida cotidiana: desde el diseño de instituciones hasta reglas de seguridad, justicia o presupuesto. Aun si te gusta o no el proyecto, el tema de fondo es si hay contrapesos suficientes para corregir errores.
La discusión no se agota en “quién ganó”. Más bien, abre una pregunta incómoda: si el límite de un 8 % existe para evitar mayorías aplastantes, ¿tiene sentido mantenerlo solo por partido cuando la gobernabilidad se construye por coaliciones? Ahí está el incentivo para una reforma seria, no un pleito de timeline.
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