López Obrador atribuye fines políticos al expediente estadounidense contra Rocha e Inzunza; la acusación formal señala presuntos nexos con el narcotráfico.
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El expresidente Andrés Manuel López Obrador acusó a autoridades estadounidenses de fabricar pruebas contra Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza. En su libro Pueblo, según Reforma, cuestiona el expediente anunciado el 29 de abril en Nueva York, que involucra a diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.
La controversia importa porque enfrenta señalamientos de narcotráfico y corrupción con cuestionamientos sobre el sustento de las investigaciones. López Obrador califica los elementos como “pruebas hechizas”, pero esa afirmación corresponde a su postura sobre el caso y no demuestra, por sí misma, una fabricación judicial.
El exmandatario sostiene que Washington recurre a testigos protegidos, filtraciones y presiones sobre acusados. También atribuye al procedimiento una intención política y electoral: responsabilizar a México de los problemas estadounidenses de consumo de drogas y migración, de acuerdo con los fragmentos difundidos por Reforma.
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Qué señala Estados Unidos
El Departamento de Justicia anunció una acusación contra Rocha, Inzunza y otras ocho personas por presuntos delitos de narcotráfico y armas. La fiscalía estadounidense sostiene que colaboraron con el Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos y apoyo político.
El comunicado oficial describe una presunta red de protección institucional para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. También establece que los cargos son acusaciones y que los señalados deben ser considerados inocentes mientras no se demuestre su culpabilidad.
La respuesta en México
López Obrador respalda la posición que atribuye a la presidenta Claudia Sheinbaum: proceder si existen pruebas y rechazar cualquier uso político del expediente. Según su relato, la mandataria también planteó denunciar una intromisión estadounidense si los señalamientos carecían de elementos.
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De acuerdo con la información de Reforma, en julio la Fiscalía General de la República reportó que no tenía pruebas suficientes para alcanzar el mínimo exigido por la legislación mexicana. Aclaró, sin embargo, que la investigación continuaba; esa postura no equivale a una absolución.
Para la ciudadanía, esclarecer los señalamientos permitiría determinar responsabilidades por el presunto uso de instituciones públicas para proteger actividades criminales, respetando el debido proceso.
Crédito: Nota elaborada con información de Claudia Guerrero y Natalia Vitela, de Reforma, y del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
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