Declaraciones incorporadas por la FGR señalan al exgobernador por el presunto ocultamiento de grabaciones clave. Las acusaciones todavía deben ser evaluadas por un juez.
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Testimonios integrados por la Fiscalía General de la República (FGR) al expediente del caso Ayotzinapa señalan que el exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero habría ordenado destruir videos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas. Las declaraciones forman parte de la imputación; todavía deben ser valoradas por un juez.
Aguirre permanece en prisión preventiva en el penal federal del Altiplano, Estado de México. Fue detenido el 6 de agosto y enfrenta acusaciones por desaparición forzada de personas y delitos contra la administración de justicia. Su audiencia para resolver si es vinculado a proceso está prevista este martes 11 de agosto.
Una testigo relata la entrega del video
Blanca María del Rocío Estrada Ortega, entonces visitadora general del Consejo de la Judicatura de Guerrero, declaró que el 29 de septiembre de 2014 recibió un disco con grabaciones de cámaras ubicadas afuera del Palacio de Justicia de Iguala y posteriormente se lo entregó al gobernador.
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Según su testimonio ministerial, personal de informática explicó que las imágenes mostraban a policías trasladando a varios jóvenes de un autobús a otro. El segundo vehículo habría sido escoltado por camionetas con personas armadas que no portaban uniforme. Estrada aseguró que no vio directamente la grabación.
La exfuncionaria afirmó que Aguirre preguntó si existían más copias y le respondió que él se encargaría. También sostuvo que días después escuchó al mandatario ordenar a su sobrino, Ernesto Aguirre, destruir las evidencias para impedir que se conociera lo ocurrido en oficinas gubernamentales.
El expediente atribuye a Estrada otra acusación de mayor alcance: aseguró que Aguirre controlaba corporaciones policiales y mantenía relación con integrantes del crimen organizado. Esos señalamientos provienen de una declaración ministerial y no constituyen, por sí solos, hechos judicialmente probados.
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El material que pudo cambiar la investigación
Lambertina Galeana Marín, entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, también declaró ante el Ministerio Público Federal. Denunció la sustracción de los videos y afirmó haber recibido amenazas relacionadas con la pérdida del material. Técnicos habrían reportado después que el equipo fue dañado deliberadamente.
La relevancia pública de esas imágenes es central: podrían haber documentado la actuación de policías municipales y estatales, así como el traslado de estudiantes durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
La FGR sostiene que el ocultamiento no fue una falla técnica, sino una operación organizada desde el gobierno estatal. La defensa de Aguirre rechazó las imputaciones y solicitó ampliar el plazo constitucional. Corresponderá al juez decidir si las pruebas justifican abrir un proceso penal; Aguirre debe ser considerado inocente mientras no exista sentencia firme.
Tras casi doce años, el paradero de 40 estudiantes sigue sin esclarecerse y tres han sido identificados por autoridades.
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