El 2025 no fue un año de transición, sino de demolición. Entre la captura del Poder Judicial, el regreso de los aranceles de Trump y la militarización total, México reconfiguró su ADN político eliminando cualquier contrapeso al poder presidencial.
Editorial | Anuario 2025 Política
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El 2025 no será recordado simplemente como un año más en el calendario, sino como el punto de no retorno en la historia moderna de México. Bajo la administración de Claudia Sheinbaum, lo que comenzó como el “Segundo Piso de la Cuarta Transformación” terminó revelándose como una demolición controlada de la arquitectura institucional que conocíamos. No se trató solo de gobernar, sino de redefinir las reglas del juego mientras la economía caminaba sobre la cuerda floja de una relación tóxica con Washington.
El día que la justicia cambió de dueño
El 1 de junio de 2025, el mundo observó con escepticismo cómo México elegía a sus jueces por voto popular. La narrativa oficial celebró el evento como la democratización definitiva; sin embargo, los datos cuentan una historia más cínica. Con una participación raquítica del 13 %, la maquinaria electoral del oficialismo se llevó el “carro completo”: 9 de 9 asientos en la Suprema Corte.
Por consiguiente, la meritocracia técnica fue sustituida por la popularidad política. Hugo Aguilar Ortiz, el candidato más votado, asumió la presidencia del tribunal no por su jurisprudencia, sino por 6.2 millones de votos impulsados por el Ejecutivo. La independencia judicial, ese dique de contención contra los abusos de poder, se ha disuelto. Ahora, la justicia no es ciega; mira de reojo las encuestas y los deseos del Palacio Nacional.
La purga burocrática y el silencio administrativo
Mientras la atención se centraba en las urnas, en los pasillos de la burocracia se ejecutaba una operación quirúrgica: la extinción de los organismos autónomos. Bajo el pretexto de la “austeridad republicana”, entidades como el INAI, la COFECE y el IFT fueron desmanteladas y sus funciones absorbidas por el propio gobierno.

La gravedad de este hecho es incalculable. En otras palabras, el gobierno se convirtió en juez y parte. La Secretaría de Energía ahora regula a PEMEX y CFE sin un árbitro independiente, y la transparencia gubernamental quedó, irónicamente, bajo el control de la Secretaría de la Función Pública. El mensaje para el inversor y el ciudadano es claro: el contrapeso institucional ha muerto, dando paso a una centralización administrativa que recuerda a las épocas más hegemónicas del siglo XX.
El factor Trump: La diplomacia de la asfixia
Si la política interna fue un terremoto, la externa fue un huracán. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca trajo consigo una guerra comercial disfrazada de seguridad nacional. Con aranceles del 25 % y una presión asfixiante sobre el sector automotriz —que cayó un 4.8 %—, la economía mexicana se estancó con un crecimiento anémico proyectado entre el 0.2 % y el 0.6 %.
A pesar de la retórica soberanista de Sheinbaum y su insistencia en una postura de “cabeza fría”, la realidad es que México está acorralado. La revisión del T-MEC en 2026 pende como una espada de Damocles. Además, la exigencia de resultados inmediatos en migración y fentanilo ha forzado a México a actuar como el muro fronterizo de facto, mientras intenta desesperadamente mantener a flote las cadenas de suministro.
Militarización y la paradoja de la seguridad
La seguridad pública, la gran promesa pendiente, sufrió una mutación final. La Guardia Nacional fue absorbida totalmente por la SEDENA, y el fuero militar se expandió. Sin embargo, la narrativa de que “los militares son incorruptibles” se estrelló contra el escándalo del “Huachicol Fiscal” en la Marina. La red de corrupción que operaba en las aduanas, costándole al erario 200 mil millones de pesos, demostró que el uniforme verde olivo no es inmune a la tentación del dinero fácil.
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Mientras tanto, en Michoacán y Chiapas, la realidad sangra. El asesinato del alcalde de Uruapan y el aumento del 54 % en desapariciones forzadas son el recordatorio brutal de que, aunque el gobierno tenga el control legal e institucional, el control territorial sigue en disputa.
El dulce veneno de las reformas sociales
Para endulzar este trago amargo de autoritarismo y crisis económica, el gobierno desplegó una agresiva agenda laboral. La “Ley Silla” y la formalización de 700,000 trabajadores de plataformas digitales son victorias innegables para la clase trabajadora. No obstante, estas medidas llegan en un momento de fragilidad económica, donde el sector privado, asediado por la incertidumbre jurídica y los costos operativos, advierte sobre la inviabilidad a largo plazo de sostener estos beneficios sin crecimiento real.
Conclusión: Un país sin frenos
Al cerrar 2025, México es un país estructuralmente distinto. Con un Poder Judicial alineado, organismos autónomos extintos y una “Supremacía Constitucional” que blinda cualquier reforma del oficialismo, ya no existen frenos de emergencia. El “Segundo Piso” se ha construido, sí, pero sus cimientos democráticos son más frágiles que nunca. Nos adentramos en 2026 con todo el poder concentrado en unas solas manos y una tormenta perfecta formándose en el norte. La pregunta ya no es quién manda en México, sino cuánto resistirá la estructura antes de que la realidad económica y social pase la factura final.

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