Censura en ascenso: sanciones, disculpas forzadas y restricciones digitales se extienden en México

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En distintas regiones del país, las medidas legales para combatir la violencia política de género han generado polémica por sus implicaciones sobre la libertad de expresión. Casos recientes en Campeche, Tamaulipas, Guerrero y Sonora han encendido el debate público.

En Tamaulipas, Tania Contreras López, próxima presidenta del Tribunal del Poder Judicial estatal, denunció al periodista Héctor de Mauleón y a El Universal por violencia de género. Como resultado, el Instituto Electoral local impuso una multa, ordenó su inscripción en el registro de agresores y solicitó eliminar una columna periodística. El texto hacía referencia a presuntos vínculos de Contreras con una red de corrupción.

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En Sonora, Diana Karina Barreras, diputada del PT, acusó a Karla María Estrella Murrieta de violencia simbólica por comentarios en redes sociales. Aunque se trataba de una ciudadana sin cargo público, el tribunal le ordenó publicar disculpas durante 30 días consecutivos, sin mencionar directamente a la legisladora. Esta sanción ha sido señalada como excesiva y ha provocado un amplio debate digital.

Asimismo, Dora Alicia Martínez Valero, excandidata a ministra de la SCJN, presentó una queja contra Aristegui Noticias y Germán Gómez. Aunque el foco fue una nota crítica, otras figuras como Laisha Wilkins recibieron notificaciones judiciales por replicar el contenido, lo que generó preocupación sobre el uso de mecanismos legales para disuadir la crítica.

En Campeche, Jorge González Valdez, exdirector del portal Tribuna, fue vinculado a proceso por supuesta incitación al odio contra la gobernadora Layda Sansores. Se le prohibió ejercer el periodismo durante dos años, se ordenó cerrar su medio y se le impuso una compensación económica.

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En Acapulco, el periodista Jesús Castañeda Arellano, de la página Acapulco Trends, fue sancionado con una multa y obligado a disculparse públicamente por publicaciones contra la alcaldesa Abelina López Rodríguez. El medio denunció que se trata de una represalia por reportajes sobre desvíos millonarios.

Por último, en Puebla se aprobó una reforma al Código Penal conocida como “Ley Censura”. Esta norma permite solicitar la baja de contenidos digitales sin orden judicial. Aunque se promueve como herramienta contra delitos cibernéticos, organizaciones como Artículo 19 han advertido sobre su uso para restringir la libertad de expresión.

Estos episodios reflejan una tendencia preocupante: el uso de mecanismos legales para sancionar opiniones y contenidos críticos bajo el argumento de protección de derechos, lo cual plantea serias dudas sobre el equilibrio entre libertad de expresión y justicia de género.

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