La discusión sobre crimen organizado en México ya no se limita a la violencia territorial. Hoy también alcanza al sector privado, donde crecen las alertas sobre redes ilícitas, controles débiles y riesgos para la economía formal.
Editorial | Seguridad
Análisis
Política Gurú
La relación entre el poder económico y la seguridad pública en México dejó de ser un asunto periférico. Hoy merece una revisión más seria, menos estridente y mejor documentada.
Durante los últimos años, una parte del sector privado optó por una relación de cooperación con el poder político. Esa estrategia pudo abrir canales de interlocución útiles en algunos temas. Sin embargo, también redujo la capacidad de ciertos liderazgos empresariales para actuar como contrapeso cuando crecieron los riesgos de captura institucional.
Ese contexto ayuda a explicar por qué comenzó a tomar fuerza una preocupación incómoda: la posible penetración de intereses criminales en estructuras empresariales, cámaras locales y redes de representación regional. No se trata solo de violencia o extorsión en territorios específicos. El problema apunta, cada vez más, a la contaminación de circuitos formales de negocio.
El fenómeno no debe narrarse con consignas, sino con precisión. El crimen organizado ya no opera únicamente con armas, control territorial o cobro de piso. También busca presencia en actividades legales, cadenas logísticas, construcción, comercio y servicios financieros. Esa mezcla entre economía lícita e intereses ilícitos distorsiona mercados, encarece operaciones y erosiona la confianza.
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Por eso el riesgo para el sector empresarial es mayor de lo que a veces se admite. Cuando una organización criminal logra influir en proveedores, rutas de transporte, contratos o liderazgos gremiales, la competencia deja de depender de productividad, inversión o innovación. Empieza a depender de protección, intimidación o conexiones opacas.
El tema adquirió mayor relevancia después de las alertas emitidas desde Estados Unidos sobre instituciones financieras mexicanas señaladas por presuntas operaciones de lavado. Ese episodio mostró que la discusión ya no puede limitarse al terreno policial. También involucra gobierno corporativo, controles internos, auditoría, debida diligencia y mecanismos reales de cumplimiento.
En ese punto, la crítica no debe dirigirse solo a nombres propios, sino a una falla más amplia. Durante demasiado tiempo, parte del empresariado mexicano subestimó la necesidad de fortalecer sus filtros internos. En algunos casos, la cercanía política pareció suficiente garantía. No lo era.
También conviene evitar simplificaciones. No puede afirmarse, sin pruebas judiciales, que las cúpulas empresariales estén tomadas por el crimen. Pero sí puede sostenerse que existen señales de vulnerabilidad, incentivos perversos y zonas grises que exigen atención inmediata. Negarlo sería imprudente. Exagerarlo sin sustento, también.
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El relevo reciente en la dirigencia del CCE abre una oportunidad para corregir el rumbo. Más que discursos, el sector privado necesita estándares de integridad más severos, procesos de revisión patrimonial, mejores prácticas de compliance y una disposición menos complaciente frente al poder y frente a sus propios riesgos internos.
La discusión de fondo no es retórica. Si el empresariado pierde autonomía, transparencia y capacidad de autorregulación, pierde también legitimidad para presentarse como motor de desarrollo. Y si las redes criminales encuentran puertas abiertas en la economía formal, el costo termina pagándose en inversión, empleo y certidumbre.
México no necesita alarmismo. Necesita vigilancia, controles y liderazgo. Ese sería, en todo caso, el verdadero punto de quiebre.
Esta columna retoma y desarrolla planteamientos expuestos por Raymundo Riva Palacio en su texto “Empresarios y caballos de Troya”, publicado en El Financiero.
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