El asesinato del delegado de la FGR en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, destapa un caso de denuncias políticas contra Tania Contreras por presuntos vínculos ilícitos.
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El asesinato de Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, ha destapado un entramado político y judicial de alto impacto.
Según documentos obtenidos por medios nacionales, Vásquez Reyna investigaba a Tania Gisela Contreras López, presidenta electa del Tribunal de Justicia de Tamaulipas, por presunta asociación delictuosa y tráfico de influencias.
La carpeta de investigación FED/TAMP/REY)0000954/2025 fue abierta el 26 de abril de 2025, tras una denuncia presentada por el Partido Acción Nacional estatal.
Dicha denuncia, firmada por Jesús Gustavo García Rodríguez, señalaba que Contreras trabajó como consejera jurídica de Juan Carlos Madero Larios, figura con influencia en la política tamaulipeca.
Además, la acusación incluía vínculos con Octavio Leal Moncada, identificado por autoridades como líder de una “columna armada” en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas.
El 9 de mayo de 2025, la denuncia fue formalmente entregada a la FGR, acompañada de otra por presuntos delitos relacionados con contrabando y omisión fiscal.
El PAN solicitó que se indagara la posible conformación ilegal del Tribunal Electoral local, considerando que hubo tráfico de influencias en su integración.
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Paralelamente, también se presentó una queja ante el Órgano Interno de Control del Tribunal Electoral, buscando sanciones administrativas y esclarecimiento de responsabilidades.
Por su parte, Contreras López afirmó posteriormente que la FGR resolvió “no ejercer acción penal” en su contra, decisión tomada por falta de pruebas suficientes.
Sin embargo, el contexto del homicidio de Vásquez Reyna complica el panorama. El ataque ocurrió el 4 de agosto de 2025, en pleno Boulevard Hidalgo de Reynosa.
Hombres armados atacaron su vehículo con una granada y luego dispararon múltiples veces. El delegado murió en el lugar, según reportes oficiales.
Fuentes federales señalaron que el funcionario había participado días antes en operativos contra el robo de combustible en la región.
En uno de esos operativos, fueron asegurados casi dos millones de litros de hidrocarburo presuntamente robado, lo que habría incrementado el riesgo para el delegado.
La FGR calificó el ataque como un acto de violencia inusitada, posiblemente en represalia por acciones contra el crimen organizado en Tamaulipas.
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En el caso, fue detenido Jaret Roberto “H”, presunto integrante de “Los Metros”, facción del Cártel del Golfo vinculada al huachicol.
Analistas consideran que el homicidio podría estar relacionado tanto con investigaciones judiciales como con operativos de seguridad, en un entorno marcado por la violencia y la impunidad.
Este hecho subraya el peligro que enfrentan funcionarios encargados de perseguir delitos de alto impacto en estados con fuerte presencia criminal.
Asimismo, muestra cómo casos judiciales que involucran a figuras públicas pueden entrelazarse con intereses del crimen organizado.
La sociedad tamaulipeca exige justicia y mayor protección para quienes combaten la corrupción y el crimen, conscientes del alto costo que implica enfrentarlos.
Por ahora, las investigaciones continúan. Se busca esclarecer si el asesinato estuvo motivado por las pesquisas contra Contreras o por las operaciones contra el huachicol.
En cualquier caso, este episodio ha encendido alertas sobre la seguridad de funcionarios clave y la transparencia en procesos judiciales de alto perfil.
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