El problema de Sheinbaum no son las noticias negativas, sino la tentación de presentar cada crítica como parte de una operación política contra su Gobierno.
Editorial | Caludia Sheinbaum
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Todo Gobierno quisiera administrar también la realidad: decidir qué merece atención, cuál crítica resulta legítima y qué información debe considerarse una campaña enemiga. Sin embargo, cuando el poder pretende convertirse en director editorial del país, la discusión pública deja de girar sobre los hechos y comienza a someterse a la versión oficial.
El problema no es exclusivo de Claudia Sheinbaum. Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador también lamentaron que los medios destacaran violencia, corrupción, crisis o errores gubernamentales. Cambiaron los presidentes, pero sobrevivió la misma incomodidad: la prensa resulta aceptable mientras confirma el relato construido desde Palacio.
No obstante, la llamada Cuarta Transformación prometió romper con esas prácticas. Por eso la contradicción pesa más. Un movimiento que denunció durante años la censura, el autoritarismo y la fabricación de consensos no puede utilizar recursos institucionales para clasificar periodistas, opositores y cuentas digitales según su posición frente al Gobierno.
La polémica presentación sobre un supuesto “ecosistema digital” contrario a la 4T exhibió nombres de comunicadores, medios y dirigentes políticos. Presidencia negó después que se tratara de una lista negra. Esa precisión importa, pero no elimina la pregunta de fondo: ¿qué interés público justifica señalar críticos desde una plataforma gubernamental?
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El Gobierno puede responder información falsa, aclarar datos y ejercer su derecho de réplica. Incluso debe hacerlo. Sin embargo, existe una diferencia sustancial entre desmentir una publicación y colocar a determinadas voces bajo una narrativa de operación política. Lo primero fortalece el debate; lo segundo puede producir intimidación y estigmatización.
Además, la reiteración de explicaciones y correcciones empieza a revelar un problema de comunicación política. Una iniciativa se presenta, provoca inquietud y después necesita varios días de aclaraciones para explicar que no significaba lo que ciudadanos, especialistas y medios entendieron. No siempre existe una conspiración: algunas veces simplemente hubo ambigüedad, precipitación o mala planeación.
A ese escenario se sumó la revocación estadounidense de la visa de Andrés Manuel López Beltrán. Él mismo confirmó la medida y la atribuyó a motivaciones políticas. Washington, por su parte, no informó públicamente la causa individual, amparado en la confidencialidad de los expedientes migratorios. Por tanto, la cancelación no constituye prueba automática de delito.
Precisamente por eso resulta incorrecto condenarlo sin evidencia. Pero también sería un error que el Gobierno mexicano presentara como certeza una persecución política que tampoco ha demostrado. La responsabilidad presidencial no consiste en defender apellidos, sino en exigir información mediante los canales diplomáticos y mantener una distancia institucional frente a los intereses familiares del expresidente.
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La carta enviada por López Beltrán a Donald Trump transformó un procedimiento migratorio reservado en un conflicto político de alto impacto. Su contenido podrá discutirse, pero el episodio confirma algo incómodo para Morena: cuando una controversia alcanza al círculo familiar de López Obrador, la administración de Sheinbaum pierde margen y termina defendiendo una herencia ajena.
Ese reflejo tiene consecuencias. Cada jornada dedicada a explicar listas, visas, cartas o disputas con periodistas desplaza problemas ciudadanos mucho más urgentes: inseguridad, servicios de salud, empleo, corrupción e impunidad. La comunicación gubernamental deja entonces de informar resultados y se convierte en una maquinaria defensiva que responde a cada crítica como si fuera una amenaza.
Los medios tampoco están exentos de responsabilidad. Deben verificar, corregir errores, distinguir hechos de opiniones y evitar que una sospecha se convierta en sentencia. La libertad de expresión no protege la mentira deliberada. Sin embargo, el remedio democrático frente al mal periodismo es más información, transparencia y rendición de cuentas, nunca la exhibición gubernamental de voces incómodas.
Las malas noticias no son una conspiración contra el Estado. Son una señal de que la sociedad conserva espacios para conocer aquello que el poder preferiría minimizar. Un Gobierno seguro de sus resultados publica datos, abre expedientes, responde preguntas y admite errores. Uno inseguro busca culpables, descalifica mensajeros y confunde crítica con enemistad.
Política Gurú sostiene que Sheinbaum todavía puede corregir el rumbo: abandonar la lógica de bloques enemigos, separar al Gobierno de la defensa familiar del obradorismo y convertir sus conferencias en ejercicios de información comprobable. Las malas noticias no debilitan por sí mismas a una democracia; lo que verdaderamente la erosiona es intentar ocultarlas, administrarlas o castigarlas.
Crédito de la fuente: Juan Ignacio Zavala, “Malas noticias”, publicado en EL PAÍS, 16 de agosto de 2026. Consultar columna original.
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