Dos instalaciones aseguradas en Reynosa muestran que el robo de combustible evolucionó hacia una operación capaz de almacenar, procesar y movilizar millones de litros.
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El aseguramiento de dos instalaciones clandestinas en Reynosa, Tamaulipas, con 3 millones 878 mil 900 litros de presunto hidrocarburo, muestra hasta dónde ha evolucionado el huachicol: ya no se limita a extraer combustible de los ductos de Pemex, sino que incorpora almacenamiento, procesamiento y transporte a gran escala.
El operativo principal, realizado el 24 de julio en la Brecha El Becerro, permitió localizar 3 millones 769 mil 500 litros, seis tractocamiones, siete pipas, motobombas, tanques y generadores. En un segundo predio fueron asegurados otros 109 mil 400 litros. Las autoridades federales confirmaron ambos hallazgos.
La presidenta Claudia Sheinbaum precisó que estas instalaciones no deben considerarse refinerías, sino centros de procesamiento, pues una refinería desarrolla procedimientos mucho más complejos. La diferencia técnica, sin embargo, no disminuye el alcance de la operación ni los riesgos que implica.
De patios clandestinos a centros de procesamiento
Los aseguramientos registrados desde 2022 apuntan a una transformación gradual. Antes, los operativos se concentraban en tomas clandestinas, patios de almacenamiento y puntos de rebombeo. Ahora también aparecen torres de destilación, tuberías industriales y equipos destinados a obtener derivados de baja calidad.
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En Coatzacoalcos, Veracruz, por ejemplo, las autoridades desmantelaron en junio de 2025 una instalación sin permisos con capacidad para producir diésel artesanal, nafta, solventes y combustóleo ligero. Asimismo, se reportaron complejos similares en Jalisco, Nuevo León y Querétaro. En Coatzacoalcos fueron recuperados más de 500 mil litros de crudo.
El problema, por tanto, ya no termina con el cierre de una toma clandestina. Estas operaciones requieren combustible, personal técnico, energía, transporte, predios y compradores. Cada eslabón amplía las posibilidades de corrupción y eleva el peligro de incendios, explosiones, contaminación y comercialización de productos fuera de norma.
Maquinaria disponible y trazabilidad insuficiente
Plataformas internacionales ofrecen plantas modulares con precios anunciados de entre 2 mil 500 y 700 mil dólares. De acuerdo con especialistas, la compra de esa maquinaria no constituye por sí misma un delito, aunque la refinación y el procesamiento de hidrocarburos requieren autorizaciones conforme a la Ley del Sector Hidrocarburos.
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El punto vulnerable estaría en la trazabilidad preventiva: conocer quién adquiere estos equipos, dónde se instalan y para qué serán utilizados, sin obstaculizar actividades industriales legítimas. Ese seguimiento exigiría coordinación entre autoridades aduaneras, energéticas, fiscales y de seguridad.
Hasta el momento, no se han confirmado detenciones relacionadas con los dos predios de Reynosa. La investigación deberá establecer el origen del combustible, la relación entre ambas instalaciones y la identidad de quienes las operaban. Los inmuebles permanecen bajo resguardo ministerial.
El impacto público rebasa las pérdidas para Pemex. Los centros clandestinos pueden funcionar sin controles ambientales ni protocolos de emergencia, mientras el combustible adulterado daña vehículos, evade impuestos y puede financiar estructuras criminales. Vigilar los ductos ya no basta: también es necesario seguir la cadena industrial paralela.
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