Crecen las presiones en Asipona Tampico: señalamientos contra Salvador Camargo Vivero, un exgerente vinculado y un rastro de buques con “aditivos” que huelen a huachicol.
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Ligan con huachicol a otro Vicealmirante. El caso sacude a la Marina. Ahora apuntan a Salvador Camargo Vivero, exdirector de Asipona Tampico, por descargas irregulares.
Sin embargo, la balanza judicial luce dispareja. Camargo Vivero no tiene orden de aprehensión; Francisco Javier Antonio Martínez, mano derecha, fue vinculado por delincuencia organizada.
Además, el episodio reaviva alertas en la cadena de mando. El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna fue detenido por vínculos con huachicol fiscal sexenio pasado.
Según testimonios, buques ingresaron al recinto fiscal 290 con manifiestos claros. No obstante, habría diésel disfrazado para evadir controles, auditorías y trazabilidad en el puerto.
En ese listado aparece Challenge Procyon, asegurado con millones de litros. Asimismo, figuran Clearocean Mustang, MTM Hambur, Hansa Sealancer y Cosmic Glory, entre otros reincidentes.
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Mientras tanto, el rompecabezas administrativo apunta a Altamarítima S.A. de C.V. Luis Omar Chong López concentró trámites ante Capitanía de Puerto durante meses.
Por ello, la lupa se coloca sobre procedimientos portuarios. ¿Hubo controles efectivos, auditorías y alertas capaces de bloquear descargas sospechosas antes del amarre y maniobras?
A la vez, el expediente exhibe fallas sistémicas: arribos, pedimentos dudosos y supervisión insuficiente. Todo sugiere un flujo de huachi-buques ingresando aditivos con pasarela preferente.
Con todo, el caso exige distinguir responsabilidades. Aplica presunción, inocencia, pero urge deslindar mandos, subsanar protocolos y sancionar cómplices si investigaciones, peritajes y testimonios confirman.
En paralelo, el impacto es considerable. El huachicol distorsiona precios, erosiona ingresos públicos y golpea empresas que pagan impuestos, cumplen normas y sostienen empleos formales.
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Asimismo, la arista ambiental preocupa. Descargas y trasvases elevan riesgos de derrame, generan emisiones y comprometen estándares de seguridad en el puerto y terminales privadas.
Por ahora, la narrativa enfrenta presión social. La ciudadanía exige claridad: quién autorizó, quién vigiló, por qué fallaron alarmas que debieron sonar desde primer arribo.
Finalmente, el Ministerio Público deberá sostener indicios con peritajes, trazas satelitales, bitácoras y custodia. Así, causas penales evitarán caerse por errores tácticos, técnicos y procesales.
En síntesis, expediente Asipona Tampico es prueba de fuego. Si corrigen brechas, crecerá confianza. De lo contrario, prevalecerán incentivos del combustible ilegal e impunidad logística.
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