Morena adelanta la sucesión de 2027 mediante coordinaciones estatales que funcionan como candidaturas de facto. Sin embargo, la reserva de las encuestas, los acuerdos entre grupos y las inconformidades internas abren una pregunta central: ¿puede un partido exigir confianza sin transparentar sus decisiones?
Editorial | Morena
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Morena no enfrenta una pelea por candidaturas, sino una prueba de credibilidad democrática. Cuando el partido gobernante decide quién encabezará estados mediante encuestas que no publica, cada nombramiento deja de parecer una competencia y comienza a leerse como un acuerdo entre grupos.
La dirigencia ya nombró diez coordinadores rumbo a 2027. Aunque el cargo no equivale a una candidatura, funciona como su antesala. Por eso, estas decisiones no son domésticas: en territorios dominados por Morena pueden anticipar quién administrará presupuestos, policías y servicios.
El problema comienza con el método. La convocatoria reconoce la encuesta como mecanismo principal, pero la dirigencia reservó sus resultados. Incorporó filtros de integridad, competitividad y paridad. Esos criterios pueden ser legítimos; sin embargo, sin datos públicos resulta imposible saber cuánto pesó cada uno.
Raymundo Riva Palacio sostiene que operadores presidenciales alteraron o ignoraron mediciones para favorecer perfiles y conservar alianzas. Es una acusación grave sin documentos verificables en la columna. Ahí aparece el costo de la opacidad: Morena tampoco ofrece información suficiente para disiparla con evidencia.
En Quintana Roo, Eugenio “Gino” Segura superó a Rafael Marín Mollinedo. Morena informó que hubo un ejercicio demoscópico, pero no difundió sus números. Simpatizantes de Marín gritaron fraude; los aspirantes cerraron filas. La unidad contuvo el conflicto, aunque no resolvió la duda del procedimiento.
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Guerrero mostró una fractura visible. Beatriz Mojica obtuvo la coordinación, mientras Abelina López rechazó las “encuestas de papel”. La disputa revela que ninguna designación borra los poderes locales. Si esos liderazgos no aceptan las reglas, la campaña comienza con adversarios dentro de casa.
En Baja California, la elegida fue Julieta Ramírez. Riva Palacio afirma que Ismael Burgueño había ganado la medición y atribuye el desenlace a decisiones políticas; esa versión carece de resultados públicos para confirmarla o refutarla. Nuevamente, el secreto alimenta la sospecha.
Zacatecas concentra un riesgo: Verónica Díaz llega identificada con el grupo Monreal, después de que la regla antinepotismo apartara a Saúl Monreal. El PT no acompañó el anuncio y Ulises Mejía expresó inconformidad. El relevo promete unidad, pero mantiene preguntas sobre continuidad familiar y equilibrios de coalición.
En Michoacán, Carlos Torres Piña, cercano al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, dejó atrás a Raúl Morón. La columna interpreta esa definición y la de Baja California como victorias tácticas de Adán Augusto López. La lectura es discutible, pero el conjunto confirma que el poder presidencial no opera solo.
Eso no significa que Claudia Sheinbaum haya perdido el control. Todo partido mayoritario distribuye posiciones, negocia con gobernadores y contiene corrientes. El problema surge cuando esa negociación suplanta al método anunciado. Entonces la encuesta sirve como escenografía de legitimidad, no como regla verificable.
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Además, la columna incorpora señalamientos sobre investigaciones y presuntos vínculos criminales de diversos actores. Sin expedientes públicos, resoluciones o confirmaciones oficiales, tales referencias deben mantenerse como acusaciones atribuidas. La lucha interna no autoriza a convertir versiones políticas en sentencias mediáticas.
Para la ciudadanía, el impacto es concreto. Una candidatura resuelta mediante acuerdos opacos reduce la capacidad de exigir compromisos, comparar perfiles y conocer conflictos de interés. También fortalece a grupos que responden primero a quienes negociaron su llegada y después a los votantes que deberán legitimarla.
Morena todavía puede corregir. Debe publicar metodología, fechas, muestra, margen de error, cuestionarios, encuestas espejo y resultados desagregados. Asimismo, tendría que explicar cualquier filtro de integridad o paridad que modifique el orden de preferencias, sin divulgar datos personales ni vulnerar investigaciones legítimas.
La presidenta puede obtener candidaturas funcionales mediante pactos; lo que no puede obtener así es autoridad democrática duradera. Si cada coordinación exige apagar inconformidades, disciplinar aliados y esconder números, el costo llegará a las campañas y, eventualmente, a los gobiernos surgidos de ellas.
La prueba de 2027 no será cuántas gubernaturas conserve Morena, sino cómo las conserve. Ganar con procesos cerrados puede ampliar el mapa electoral y reducir la legitimidad. Un partido que dice confiar en el pueblo debe empezar por mostrarle las cuentas de sus propias decisiones.
Crédito de fuente: Raymundo Riva Palacio, “Candidatos a duras penas”, columna Estrictamente Personal, El Financiero, 17 de septiembre de 2026.
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