Morena enfrenta una nueva presión política por acusaciones y señalamientos relacionados con narcotráfico y huachicol fiscal, dos temas que golpean directamente su bandera anticorrupción.
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Morena enfrenta una presión creciente por los señalamientos de narcotráfico y huachicol fiscal que han alcanzado a figuras cercanas al partido. El golpe no se limita al terreno judicial. También toca una fibra mucho más delicada: su discurso de combate a la corrupción.
El caso que más ruido provocó es el del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado en Estados Unidos junto con funcionarios y exfuncionarios estatales por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas. La acusación apunta a supuestos vínculos con el cártel de Sinaloa, particularmente con el entorno de Los Chapitos.
Rocha Moya, el caso que cambió el tono
Entre los nombres mencionados aparecen Enrique Inzunza Cázarez, Dámaso Castro Zaavedra y Juan de Dios Gámez Mendívil. El expediente, por su peso político, dejó de ser un asunto local y se convirtió en un problema nacional para Morena.
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Hasta ahora, las personas señaladas mantienen su derecho a la presunción de inocencia. Sin embargo, en política, la percepción corre más rápido que los tribunales. Además, cuando una acusación de este tamaño alcanza a un gobernador en funciones, el desgaste se instala de inmediato.
El tema no llega aislado. En los últimos años, distintos morenistas han sido mencionados en reportes periodísticos, denuncias públicas o pleitos electorales por presuntos nexos con grupos criminales. No todos enfrentan procesos formales. Por eso, conviene distinguir entre una investigación judicial, una acusación política y una sentencia.
Huachicol fiscal: el otro frente incómodo
A la par, el huachicol fiscal volvió a entrar en la conversación pública. El diputado del Partido Verde, Mario López Hernández, señaló presuntos vínculos de Mario Delgado y Américo Villarreal con redes relacionadas con combustible ilegal.
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Ese señalamiento reactivó el nombre de Sergio Carmona, conocido como “El Rey del Huachicol”, vinculado durante años en investigaciones periodísticas con presunto financiamiento político en el noreste del país.
El costo también pega en la confianza
Otro caso que mantiene presión pública es el de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, vinculados con investigaciones sobre huachicol fiscal.
Para el ciudadano común, el asunto tiene una lectura directa: si estas redes existieron, alguien falló en aduanas, seguridad, combustibles, fiscalización o control político.
Por eso, el problema para Morena no solo está en defender a sus cuadros. El desafío real será demostrar que su bandera anticorrupción no se cae cuando las sospechas alcanzan a personajes de su propio movimiento.
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