Rubén Rocha Moya volvió al Gobierno de Sinaloa tras 112 días de licencia. Morena aseguró que no fue informada y Segob aclaró que las investigaciones continúan.
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Rubén Rocha Moya retomó el 21 de agosto la gubernatura de Sinaloa después de 112 días de licencia, pero lo hizo sin respaldo de Morena ni del Gobierno federal. Ambos calificaron la reincorporación como una decisión personal y la FGR mantiene abiertas las investigaciones.
La precisión cambia el sentido del regreso. Rocha afirmó volver “con la frente limpia y en alto” porque, según su versión, no existen elementos mínimos para atribuirle delitos. Sin embargo, una investigación abierta no equivale a exoneración, archivo definitivo ni resolución favorable.
Morena se deslinda de la decisión
La dirigencia de Morena, encabezada por Ariadna Montiel, aseguró que no tuvo conocimiento previo de la reincorporación. En su comunicado, el partido se deslindó expresamente de esa determinación y manifestó respeto al Estado de derecho, al debido proceso y a las investigaciones de la Fiscalía.
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El deslinde tiene un alcance específico: Morena tomó distancia del regreso, pero no anunció la expulsión de Rocha, la suspensión de sus derechos partidistas ni un procedimiento interno. Por ello, no puede hablarse de una ruptura, aunque el mensaje exhibe incomodidad política.
Segob confirma que las carpetas siguen abiertas
La Secretaría de Gobernación adoptó una postura similar. Informó que la vuelta del mandatario respondió exclusivamente a una decisión personal y recordó que la FGR conserva abiertas carpetas relacionadas con diez personas señaladas por el Departamento de Justicia estadounidense, entre ellas el gobernador.
Esto contradice la idea de un caso concluido. Rocha dijo que la Fiscalía había comunicado la inexistencia de elementos mínimos en su contra, pero la dependencia no ha publicado una determinación que cierre las indagatorias. La FGR debe explicar qué investigó, qué resolvió y cuáles diligencias permanecen pendientes.
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La acusación estadounidense permanece vigente
Rocha pidió licencia el 1 de mayo, después de que fiscales del Distrito Sur de Nueva York lo acusaran, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios, de presunta conspiración para traficar drogas y cometer delitos relacionados con armas. El gobernador rechaza las imputaciones y conserva la presunción de inocencia.
El expediente estadounidense sigue activo. La acusación sostiene que los señalados presuntamente colaboraron con dirigentes del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de narcóticos a cambio de sobornos y respaldo político. Son acusaciones formales, pero no una sentencia ni una declaración definitiva de culpabilidad.
Rocha puede ejercer el gobierno hasta el 31 de octubre de 2027. No obstante, recuperó el despacho, no la certeza pública. Sinaloa necesita saber por qué volvió, qué conocían las autoridades y cuál es su situación jurídica exacta, especialmente en una entidad golpeada por violencia y desapariciones.
Morena y Segob dejaron la responsabilidad del retorno en manos del gobernador. Ahora corresponde a la FGR despejar la contradicción con documentos verificables. Mientras eso no ocurra, la frase “frente limpia” seguirá siendo una afirmación de Rocha, no la conclusión definitiva de una investigación cerrada.
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