La exalcaldesa enfrenta escrutinio financiero mientras su conglomerado Diamond Group y sus relaciones públicas reavivan sospechas de narcopolítica. La investigación determinará el origen y destino de los recursos.
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Sandra Cuevas volvió al centro del debate público, ahora por el frente empresarial.
Según reportes de Narco políticos, la UIF indaga su Sandra Cuevas Diamond Group por posible lavado de dinero.
El conglomerado Diamond Group agrupa negocios de cosméticos, dulcerías, souvenirs, arte, gimnasios, bebidas y asesoría política.
Además, fue presentado como motor financiero de su proyecto partidista México Nuevo.
Asimismo, la exalcaldesa fue incluida en la lista de narco políticos por presuntos vínculos con La Unión Tepito, La Chokiza y Los Oyuki.
Sin embargo, ella mantiene activa su agenda empresarial.
De hecho, el nombre de La Chokiza resurgió tras la detención de Alejandro “El Choko” en Edomex.
Además, circularon imágenes donde Cuevas aparece cercana al supuesto líder del grupo.
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Por otra parte, se recuerda que Sedena elaboró una ficha en 2023 sobre los antecedentes de Cuevas.
Entre otros puntos, alude a presuntas conexiones históricas con la Unión Tepito.
Además, el documento refería una relación con Olga Lidia Ramírez, madre de “El Lunares”.
Así, se sugiere una red de contactos que abona a la narrativa de narcopolítica.
No obstante, nada sustituye las pruebas judiciales.
Por eso, la presunta investigación de la UIF será clave para confirmar o descartar irregularidades en Diamond Group.
Mientras tanto, Cuevas impulsa su marca personal con lanzamientos comerciales y presencia en eventos.
Asimismo, su galería refuerza la estrategia de visibilidad fuera del terreno electoral.
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Además, el portafolio de marcas —como Dulce Becerrita y Sandra Cuevas Entertainment— diversifica ingresos.
Sin embargo, también eleva el escrutinio sobre origen y flujo de recursos.
En paralelo, la caída de “El Choko” golpeó a La Chokiza con aseguramientos y capturas adicionales.
Así, la narrativa de extorsión y despojo gana peso en Edomex.
Con todo, la ruta legal marcará el desenlace.
Por lo pronto, UIF, Sedena y autoridades locales sostienen piezas de un rompecabezas que exige transparencia y rendición de cuentas.
En resumen, el caso Cuevas–Diamond Group condensa política, negocios y seguridad.
Además, anticipa un choque de versiones donde el dinero y la prueba forense dictarán la última palabra.
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