A 41 años del sismo de 1985 y nueve del de 2017, el 19S exige algo más que memoria. La solidaridad ciudadana salva vidas, pero no puede seguir cubriendo negligencias, inspecciones fallidas y vacíos institucionales.
Editorial | México
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El 19S dejó de ser una fecha para convertirse en una prueba de ciudadanía. Cada aniversario recuerda que México puede levantar una ciudad con las manos, pero revela una verdad incómoda: la solidaridad salva vidas, aunque nunca debe sustituir la responsabilidad del Estado.
En 1985, el terremoto de magnitud 8.1 alcanzó la capital alrededor de las 7:19. La devastación exhibió edificios vulnerables, decisiones urbanas fallidas y una respuesta gubernamental rebasada. Mientras las autoridades titubeaban, vecinos, estudiantes, trabajadores y familias improvisaron brigadas, removieron escombros y organizaron ayuda.
De aquella tragedia surgió una sociedad civil capaz de actuar sin permiso. Sin embargo, romantizar ese despertar sería injusto. Las cadenas humanas fueron admirables porque enfrentaron una emergencia, no porque el abandono institucional fuera aceptable. El heroísmo ciudadano nació de la necesidad, pero la necesidad denunció omisiones públicas.
Treinta y dos años después, a las 13:14 del 19 de septiembre de 2017, un sismo de magnitud 7.1 golpeó el centro del país. Ocurrió poco después del simulacro conmemorativo y devolvió a la Ciudad de México imágenes archivadas: inmuebles colapsados, calles paralizadas y puños en alto.
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Esta vez, no obstante, la reacción combinó experiencia y tecnología. Jóvenes que conocían 1985 por los relatos familiares usaron redes sociales, mapas digitales, motocicletas y centros de acopio para ordenar la ayuda. La memoria dejó de ser narración heredada y se convirtió en capacidad colectiva de respuesta.
Luego, el sismo de magnitud 7.7 registrado en Michoacán el 19 de septiembre de 2022 reforzó el peso de la fecha. Pero una coincidencia de calendario no autoriza supersticiones: los sismos no pueden predecirse por día. El miedo solo resulta útil cuando se transforma en preparación verificable.
México ha avanzado. Existen mejores protocolos, alertamiento sísmico, simulacros, normas técnicas más exigentes y cuerpos de emergencia con mayor capacitación. Aun así, el progreso institucional pierde valor cuando la inspección falla, la corrupción inmobiliaria obtiene permisos o el mantenimiento se posterga hasta que aparece una grieta.
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Esa es la falla que ninguna sirena corrige. Una norma sin vigilancia es papel; un dictamen complaciente puede convertirse en sentencia, y una ruta de evacuación bloqueada vuelve inútil cualquier protocolo. La prevención no se mide por anuncios, sino por edificios seguros, autoridades competentes y responsabilidades identificadas.
Además, el riesgo no se distribuye de manera equitativa. Quien habita una construcción irregular, trabaja en un inmueble deteriorado o carece de recursos para revisar su vivienda enfrenta más vulnerabilidad. Por eso, la protección civil también es política social: debe llegar primero a quienes menos pueden protegerse solos.
Para la ciudadanía, recordar implica conocer el plan familiar, preparar una mochila de emergencia, identificar zonas de menor riesgo y tomar en serio cada simulacro. Sin embargo, esa responsabilidad individual tiene límites. El gobierno debe garantizar inspecciones, información pública, alertas funcionales y sanciones efectivas contra quienes lucren con la seguridad.
A 41 años de 1985 y nueve de 2017, el homenaje no cabe en una ceremonia. Está en revisar hospitales, escuelas, oficinas y viviendas; corregir irregularidades antes del desastre; profesionalizar a las autoridades; proteger a rescatistas y convertir la memoria urbana en decisiones presupuestales permanentes.
La Ciudad de México sabe ponerse de pie, pero ya no basta con celebrar su resistencia. La memoria del 19S será útil cuando la solidaridad deje de cubrir vacíos institucionales y se convierta en fuerza para cerrarlos.
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