Tras inaugurar el Centro Libre para las Mujeres en Calakmul, Layda Sansores fue acusada de discriminación por colectivos indígenas. Exigen disculpa y capacitación obligatoria.
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Colectivos de mujeres indígenas exigieron una disculpa pública a Layda Sansores, gobernadora de Campeche, por expresiones consideradas discriminatorias durante un evento oficial en Calakmul.
La controversia surgió en la inauguración del Centro Libre para las Mujeres, encabezada por Claudia Sheinbaum, donde la mandataria buscó hablar de desigualdades persistentes.
Sin embargo, una frase encendió el debate nacional y desplazó el objetivo del acto. La discusión se centró en el lenguaje y sus implicaciones simbólicas.
Layda Sansores afirmó: “ser mujer, ser indígena y ser pobre es lo peor que te puede pasar”, lo que detonó críticas por clasismo y racismo.
Además, refirió que la presidenta llegó a “las cuevas de la oscuridad donde viven los indígenas”, expresión que colectivos interpretaron como estigmatizante y ofensiva.
Por ello, la Red Nacional de Abogadas Indígenas pidió una disculpa pública y capacitación obligatoria en derechos humanos con enfoque intercultural e interseccionalidad.
Asimismo, solicitaron cursos sobre pueblos indígenas, perspectiva de género, no revictimización y comunicación pública, a fin de evitar que se repitan mensajes que profundicen prejuicios.
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También señalaron que asociar indigeneidad con pobreza y atraso reproduce una matriz histórica de discriminación colonial, aún presente en discursos oficiales y prácticas institucionales.
En respuesta social, activistas y usuarias exigieron correcciones inmediatas, disculpas sin ambigüedad y un plan de reparación simbólica hacia las mujeres indígenas de Campeche.
Además, organizaciones defensoras insistieron en que visibilizar desigualdades requiere precisión, datos y respeto. De lo contrario, el discurso gubernamental termina reforzando estereotipos nocivos.
En paralelo, el gobierno presentó el Centro Libre para las Mujeres, con acompañamiento y autonomía económica; sin embargo, el anuncio quedó eclipsado por la polémica.
Por otro lado, especialistas recomiendan tres pasos: disculpa clara, formación intercultural para equipos de comunicación social y mesas permanentes de diálogo con liderazgos comunitarios.
Asimismo, proponen auditar la narrativa institucional para alinear mensajes con derechos humanos y estándares de igualdad sustantiva, evitando expresiones con sesgos raciales y de clase.
De hecho, un protocolo de crisis ayudaría a responder con celeridad, reconocer el agravio y corregir el rumbo comunicacional antes de que el debate escale.
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Mientras tanto, la administración estatal podría transparentar las metas del centro, publicar indicadores trimestrales y presentar avances verificables sobre atención, capacitación y prevención de violencia.
Además, escuchar a lideresas mayas fortalecería el diseño de programas y la pertinencia del lenguaje oficial, con impacto real en comunidades rurales y urbanas.
En síntesis, el episodio recuerda que la comunicación pública debe nombrar la desigualdad sin estigmatizar identidades ni reproducir jerarquías sociales.
Finalmente, una disculpa pública abriría la puerta para reconstruir confianzas, reconocer errores y convertir la polémica en oportunidad de aprendizaje institucional.
Asimismo, la participación directa de mujeres indígenas en el diseño de campañas garantizaría pertinencia cultural y efectividad, más allá de los actos protocolarios.
Por ello, las organizaciones reiteran su exigencia: respeto, formación continua y políticas que coloquen la dignidad por encima de cualquier narrativa simplificadora.
En conclusión, el reto es claro: lenguaje responsable, enfoques interculturales y paridad en la toma de decisiones para avanzar sin exclusiones.
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