Donald Trump encontró otra vez en México un recurso político rentable. La inseguridad, los cárteles y el huachicol alimentan su discurso electoral.
#AsídeClaro | David Martínez Staines
Opinión
Columnista
Política Gurú
Donald Trump volvió a colocar a México en el centro de su discurso electoral. No lo hizo por casualidad.
El narcotráfico, el fentanilo, la frontera y ahora el huachicol se han convertido en piezas útiles para su narrativa rumbo a las elecciones intermedias en Estados Unidos.
Cada vez que Trump habla de cárteles, drogas y migración, conecta con un sector del electorado estadounidense que vive atrapado entre el miedo y la desinformación.
Para esa audiencia, México aparece como el ejemplo perfecto de un país rebasado por la violencia. Además, esa imagen le permite endurecer su mensaje sin entrar en demasiados matices.
El problema es que la realidad es mucho más compleja.
El huachicol ya no puede entenderse únicamente como robo de combustible. Detrás de ese negocio operan redes criminales con presencia en extorsión, lavado de dinero, tráfico de personas y distribución de drogas.
Los cárteles entendieron desde hace años que el crimen organizado ya no depende de una sola actividad. Por eso diversificaron sus ingresos y penetraron en distintos sectores.
Ahí es donde el tema le resulta políticamente útil a Trump. En un mismo discurso puede juntar fentanilo, cárteles, migración y robo de combustible para vender una idea simple: México perdió el control y Estados Unidos paga las consecuencias.
Sin embargo, ahora aparece un ingrediente más delicado.
En espacios políticos y mediáticos han circulado versiones sobre posibles investigaciones en Estados Unidos relacionadas con políticos y funcionarios mexicanos. Algunas señalan presuntos vínculos con corrupción, financiamiento irregular o redes cercanas al crimen organizado.
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Entre los nombres mencionados aparecen figuras de alto nivel como Andrés Manuel López Obrador, algunos de sus hijos, Adán Augusto López y Mario Delgado.
Hasta ahora, no existen acusaciones públicas formales ni procesos judiciales abiertos en cortes estadounidenses contra ellos. Aun así, el simple hecho de que sus nombres aparezcan en versiones, filtraciones o líneas de investigación ya tiene peso político.
En Washington, ese tipo de señalamientos puede convertirse rápido en munición electoral.
Para Trump y sectores republicanos, la sospecha de que personajes cercanos al poder mexicano pudieran estar bajo revisión fortalece una narrativa explosiva: que el crimen organizado habría penetrado estructuras del Estado.
Entonces, el mensaje cambia.
Ya no se hablaría solamente de cárteles. Se hablaría de presunta complicidad política, de omisiones institucionales y de una relación bilateral contaminada por la desconfianza.
Por eso el tema puede escalar en los próximos meses. En tiempos electorales, las filtraciones, investigaciones y declaraciones suelen ser utilizadas mucho antes de que existan pruebas concluyentes.
La presión puede crecer en ambos lados de la frontera.
En Estados Unidos, porque Trump necesita endurecer su discurso para movilizar a su base. En México, porque cualquier señal de investigación contra figuras cercanas al poder podría abrir una crisis interna de gran tamaño.
La contradicción, sin embargo, sigue intacta.
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Estados Unidos exige resultados a México, pero evita hablar de su propia responsabilidad. El consumo de drogas ocurre principalmente de su lado. Muchas armas usadas por los cárteles vienen de allí. Además, buena parte del dinero criminal se mueve dentro del sistema financiero estadounidense.
Pero en campaña eso casi no se dice.
Las implicaciones son serias. Primero, porque la relación bilateral puede entrar en una etapa de tensión permanente. Segundo, porque el combate al narcotráfico corre el riesgo de ser usado como herramienta electoral. Tercero, porque cualquier sospecha sobre funcionarios mexicanos puede afectar la estabilidad política y económica del país.
A todo esto se suma la negociación del T-MEC, un frente sensible para México por su dependencia comercial con Estados Unidos.
El riesgo es claro: que el narcotráfico, el huachicol, el fentanilo y las investigaciones políticas terminen siendo utilizados más como armas de campaña que como parte de una estrategia real contra la corrupción y la violencia.
Y mientras eso ocurre, el gobierno mexicano enfrenta una disyuntiva incómoda: cooperar plenamente con Washington o resistirse a una presión que puede crecer conforme avance el calendario electoral estadounidense.
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