El caso Rocha Moya escaló al entorno familiar de López Obrador, tras señalamientos sobre presuntas entregas de dinero a Andy y Bobby López Beltrán.
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El caso contra Rubén Rocha Moya ya rebasó la frontera de Sinaloa. Nuevas revelaciones periodísticas colocan bajo presión al entorno familiar del expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que se señalaran presuntas entregas de dinero a Andrés Manuel “Andy” López Beltrán y Gonzalo Alfonso “Bobby” López Beltrán.
La información fue publicada por Carlos Loret de Mola en El Universal. Según su columna, fuentes con acceso a la investigación de Estados Unidos describen a Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, como un operador clave en una supuesta red de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa.
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El exfuncionario señalado como puente financiero
De acuerdo con esa versión, Díaz Vega habría administrado recursos bajo el mando político de Rocha Moya. Además, habría coordinado entregas de efectivo a los hijos del expresidente cuando estos viajaban a Sinaloa.
Sin embargo, cuando no podían trasladarse, el dinero presuntamente llegaba a la Ciudad de México mediante portafolios enviados desde la estructura sinaloense.
El señalamiento tiene peso político porque no habla solo de sobres o favores aislados. Plantea una red más amplia: contratos, permisos, empresas fachada y negocios colocados en sectores sensibles.
Contratos, permisos y negocios bajo sospecha
La columna sostiene que los recursos habrían terminado en proyectos relacionados con obra pública, medicinas, equipamiento hospitalario y desarrollos en Mazatlán.
Aun así, hay un dato indispensable: hasta ahora, Andy y Bobby López Beltrán no aparecen como acusados formalmente en el expediente público del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
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Por eso, la lectura debe ser cuidadosa. La acusación judicial sí golpea a funcionarios sinaloenses. En cambio, las menciones a los hijos de López Obrador forman parte de revelaciones periodísticas atribuidas a fuentes cercanas al caso.
El golpe político a Morena y a Sinaloa
El escándalo llega en plena crisis para Sinaloa. Rocha Moya pidió licencia tras los señalamientos en Estados Unidos, mientras el gobierno federal reforzó su presencia de seguridad en la entidad.
Para la ciudadanía, el fondo no es menor. La pregunta vuelve a ser la misma: ¿quién decide sobre el dinero público cuando los contratos terminan mezclados con intereses políticos y presuntas estructuras criminales?
Además, el caso puede escalar. Si las autoridades mexicanas confirman parte de esta trama, el golpe dejaría de ser local y pondría bajo examen nacional la narrativa anticorrupción de la 4T.
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