Las lluvias recientes exhibieron lo que funciona y lo que no tras la desaparición del Fonden. Hoy, el reto no es ideológico: es reconstruir con reglas, velocidad y transparencia.
Claro y Conciso
Alberto Castelazo Alcalá
Política Gurú
@Castelazoa
Las lluvias del 6 al 9 de octubre dejaron vidas truncadas y comunidades gravemente golpeadas en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.
Además, el saldo mostró grietas viejas: 64 personas fallecidas, 65 no localizadas, viviendas dañadas y miles sin luz. Otra vez, la urgencia rebasó discursos.
Entonces, la pregunta regresa con fuerza: ¿qué hicimos al desaparecer el Fondo de Desastres Naturales, mejor conocido como Fonden?
El Fonden nació para garantizar dinero inmediato, reconstruir infraestructura pública y atender a la población. Así, la declaratoria de emergencia activaba apoyos sin burocracia paralizante.
Sin embargo, en 2020, AMLO impulsó su desaparición con otros fideicomisos, bajo la bandera de la austeridad y el combate a opacidad y abusos.
Se dijo que era “caja chica”. Pero, en vez de corregir fallas, cancelamos el instrumento. Y, por ello, perdimos reglas claras, candados y tiempos predecibles.
Hoy, los recursos se concentran en el Ramo 23, bajo Hacienda. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum afirma bolsa para emergencias y reasignaciones posibles.
Asimismo, México mantiene seguro catastrófico y bono catastrófico por más de 700 millones. No obstante, su activación depende de umbrales técnicos, no del drama.
Ahora bien, el protocolo dice: declaratoria, restablecer caminos y energía, limpiar zonas, censar, y entregar apoyos inmediatos. Suena ordenado; en campo, la realidad aprieta.
Porque, sin reglas automáticas ni montos preasignados, los primeros días se vuelven lentos. Y, entonces, la ayuda llega tarde, cuando el lodo ya secó esperanzas.
Además, análisis independientes señalan opacidad, subejercicio y recortes. Incluso, hubo presupuestos aprobados que luego se redujeron, y ejercicios que no arrancaron a mitad del año.
Así, el enfoque terminó privilegiando la asistencia social sobre la reconstrucción. Y, por ende, la vulnerabilidad se perpetúa: caminos frágiles, escuelas improvisadas, hospitales parchados.
Mientras tanto, seguimos sin un Sistema de Comando de Incidentes robusto. Con coordinación débil, cada institución corre por su carril y la respuesta se desarticula.
Aquí está el punto incómodo: el país sí tiene dinero y herramientas. Pero, sin reglas, calendario y medición, el sistema navega a ciegas y tropieza.
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Por eso, urge recuperar certezas. No se trata de nostalgia; se trata de institucionalidad: reglas claras, auditoría en tiempo real y compras públicas transparentes.
Además, necesitamos un tablero público de emergencias. Con metas, costos, avances, y responsables visibles. Así, la ciudadanía sabrá qué se prometió y qué se entregó.
De hecho, el Ramo 23 puede operar con criterios predefinidos. Entonces, activadores objetivos disparan recursos inmediatos, y la Hacienda documenta cada peso con trazabilidad abierta.
Asimismo, el seguro catastrófico y el bono catastrófico deben integrarse a ese tablero. Porque, si pagan, el ciudadano debe ver cuándo, cuánto y para qué.
No obstante, la reconstrucción no termina con apoyos en efectivo. Más bien, inicia ahí. Luego, vienen ingeniería, normas, y mantenimiento que resisten la próxima tormenta.
En resumen, el debate no es ideológico, es práctico. ¿Queremos velocidad, transparencia y reconstrucción duradera? Entonces, pongamos reglas y luz donde hoy hay discrecionalidad.
Así, cuando vuelva a llover con furia, el Estado responderá en horas, no en semanas. Y la gente sabrá, por fin, que no está sola.
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