El gobierno negó que Rubén Rocha Moya esté oculto o bajo resguardo militar. La aclaración responde a su paradero, pero no despeja las acusaciones que enfrenta ni explica las anomalías acumuladas durante su administración en Sinaloa.
Claro y Conciso | Alberto Castelazo Alcalá
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@Castelazoa
El gobierno negó que Rubén Rocha Moya esté escondido, protegido por el Ejército o en proceso de ser trasladado ante una operación estadounidense. Respondió rápido, pero sólo aclaró dónde asegura que no está. Lo verdaderamente incómodo permanece sin respuesta: ¿qué hará México con las acusaciones en su contra?
El Gabinete de Seguridad tenía derecho a rechazar las versiones publicadas por Carlos Loret de Mola y Raymundo Riva Palacio. Rocha también reapareció para decir que permanece en Culiacán y no recibe protección federal. Hasta ahora, no existe evidencia pública que demuestre lo contrario.
Pero reducir el caso a su paradero es perder de vista el problema.
El 30 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Rocha y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa de colaborar presuntamente con Los Chapitos.
La acusación, que deberá probarse ante un tribunal, sostiene que esa facción del Cártel de Sinaloa intimidó y secuestró adversarios políticos para favorecer la elección de Rocha en 2021. A cambio, el entonces gobernador habría ofrecido protección política y policial.
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No se trata de una sentencia. Tampoco de un simple rumor publicado en redes. Existe un expediente judicial y México tiene la obligación de revisarlo con rigor, sin obedecer ciegamente a Washington, pero también sin utilizar la soberanía como refugio partidista.
Claudia Sheinbaum hace bien al exigir pruebas suficientes y respeto al proceso de extradición. Ningún gobierno extranjero puede imponer culpabilidades en México. Sin embargo, defender la soberanía no significa cerrar filas automáticamente alrededor de un integrante de Morena.
Rocha carga, además, con preguntas anteriores.
En julio de 2024, Ismael “El Mayo” Zambada afirmó, mediante una carta difundida por su abogado, que fue atraído a una reunión donde supuestamente estarían Rocha y Héctor Melesio Cuén. El gobernador negó esa versión y aseguró que se encontraba fuera del país.
Después se desplomó la historia presentada por la Fiscalía de Sinaloa sobre el asesinato de Cuén. La FGR detectó contradicciones, irregularidades y manipulación en la investigación local. Eso no prueba que Rocha participara, pero sí retrata la debilidad de las instituciones que funcionaban bajo su administración.
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La captura de Zambada abrió otro boquete. ¿Cómo fue posible sacarlo de Sinaloa sin que la inteligencia mexicana detectara la operación? Culpar a Estados Unidos ofrece un enemigo conveniente. Explicar las fallas del aparato de seguridad obliga a rendir cuentas.
Ahí está el punto que Palacio Nacional intenta esquivar. El gobierno puede defender a México frente a cualquier abuso extranjero y, al mismo tiempo, investigar a uno de los suyos. Ambas cosas no solo son compatibles: resultan indispensables.
La discusión tampoco consiste en descubrir si Rocha duerme en su casa, en un escondite o dentro de un cuartel. Lo importante es saber si el Estado mexicano quiere esclarecer el caso o simplemente ganar tiempo.
Porque un comunicado puede desmentir una versión. Lo que no puede hacer es borrar un expediente.
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