Caso “Mayo” Zambada: la verdad secuestrada entre México y el FBI -

El caso Zambada ya no discute si hubo un secuestro, sino cuánto sabía Washington antes del vuelo y quién ocultó información al gobierno mexicano.

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El caso de Ismael “el Mayo” Zambada ya no gira alrededor de una sola pregunta —si fue capturado o entregado—, sino de otra mucho más incómoda: qué sabía Estados Unidos antes de que el avión despegara de México y por qué esa información nunca llegó completa al gobierno mexicano.

Casi dos años después del vuelo del 25 de julio de 2024, una parte del rompecabezas dejó de ser misterio. Joaquín Guzmán López admitió ante una corte estadounidense que coordinó el secuestro de Zambada para buscar beneficios judiciales. Washington, al mismo tiempo, sostuvo que no indujo ni autorizó esa operación.

Por tanto, la versión del “Mayo” —que fue engañado, sometido y trasladado contra su voluntad— ya no puede despacharse como una simple estrategia de defensa. En lo esencial, coincide con la admisión de Guzmán López. Sin embargo, esa coincidencia no resuelve el punto central: el grado de conocimiento estadounidense.

Ahí entra Ken Salazar. En agosto de 2024, el entonces embajador aseguró que no hubo recursos, aeronave, piloto ni agentes estadounidenses en México. La declaración fue categórica, pero cuidadosamente limitada. Negó participación operativa en territorio mexicano; no explicó qué contactos existieron antes del aterrizaje ni cuándo fueron avisadas las agencias.

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En otras palabras, Salazar pudo describir una operación sin agentes estadounidenses a bordo y, aun así, omitir una coordinación previa o un conocimiento anticipado. Esa diferencia no es semántica: separa una captura aprovechada por Washington de una extracción tolerada, facilitada o negociada desde territorio estadounidense.

Ahora, el avión está en el War Eagles Air Museum, en Nuevo México, mediante un acuerdo con la oficina del FBI en El Paso. La exhibición lo vincula con una investigación federal coordinada. Es relevante, pero no una confesión automática de que el FBI organizó el secuestro o intervino en México.

Por eso, Claudia Sheinbaum tiene razón al exigir una explicación formal, aunque el gobierno mexicano debe evitar convertir una sospecha razonable en sentencia anticipada. La vinculación posterior del FBI con la investigación y la aeronave, por sí sola, no demuestra quién planeó el vuelo ni cuándo conoció la agencia el operativo.

La respuesta no está en una guerra de declaraciones, sino en documentos. Washington debe precisar cuándo conoció el plan, quién notificó el aterrizaje, qué comunicación mantuvo con Guzmán López, qué agencia aseguró la aeronave y si existió coordinación previa. Sin esa cronología, la cooperación bilateral queda reducida a confianza ciega.

Además, el expediente debe aclarar con cuánta anticipación las autoridades estadounidenses prepararon la recepción del vuelo. No es lo mismo reaccionar ante una aeronave inesperada que tener una operación de aseguramiento lista. Los registros de vuelo, comunicaciones y despliegue en pista permitirían distinguir entre ambas posibilidades.

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México tampoco puede colocarse únicamente como víctima. La aeronave salió del país sin que las instituciones detectaran el secuestro de uno de los criminales más vigilados del continente. Además, la FGR abrió líneas por secuestro y traición a la patria, pero aún no ofrece una reconstrucción pública, completa y verificable.

Mientras ambos gobiernos administran sus versiones, la factura la paga Sinaloa. La ruptura entre las facciones del cártel disparó homicidios, desapariciones, cierres de escuelas, negocios paralizados y una vida cotidiana sometida al miedo. La verdad diplomática pendiente ya tuvo consecuencias concretas para miles de familias.

El gobierno mexicano debe exigir transparencia sin usar el caso como combustible nacionalista. Estados Unidos, por su parte, debe entender que detener a un capo no autoriza a ocultar los métodos utilizados. La eficacia policial no borra las reglas, y la soberanía tampoco se defiende con insinuaciones sin pruebas.

En el caso Zambada, quizá nadie ha contado toda la verdad. Pero después de casi dos años, el silencio ya no parece prudencia diplomática: parece una forma compartida de encubrimiento.