A Morena le estalló Sinaloa en la cara. El caso Rocha Moya ya no se puede explicar con comunicados, silencios ni discursos de superioridad moral.
Claro y Conciso | Alberto Castelazo Alcalá
Opinión
Política Gurú
@Castelazoa
A Morena le estalló Sinaloa en la cara. Y no, esta vez no alcanza con decir que todo es guerra sucia, montaje conservador o ruido de temporada.
El caso de Rubén Rocha Moya ya brincó la cerca del escándalo local. La acusación presentada en Estados Unidos contra el gobernador con licencia colocó al poder sinaloense en una zona muy incómoda: la de los expedientes donde se cruzan política, dinero público y presuntos vínculos con el crimen organizado.
Rocha no era un funcionario perdido en una oficina gris. Era el jefe político de un estado donde el narco no necesita tocar la puerta; muchas veces parece tener llave. Por eso el señalamiento pesa. Y pesa más porque cae sobre un gobierno que presume honestidad como si fuera blindaje moral.
En esa historia aparece un personaje menos mediático, pero quizá más importante: Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas. Traducido al español de banqueta: el hombre que sabía por dónde entraba, salía y se movía el dinero.
Ahí la cosa se pone seria.
La columna de Carlos Loret de Mola metió más gasolina al incendio al señalar presuntas entregas de dinero y negocios que rozarían a Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijos del expresidente López Obrador. Ojo: esos señalamientos deben probarse. Una columna no es sentencia y una acusación no sustituye a un juez.
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Sin embargo, tampoco se vale jugar al avestruz.
Cuando una versión habla de contratos, obra pública, medicinas, equipamiento hospitalario y posible dinero sucio, el gobierno no puede responder con estampitas de superioridad moral. Debe investigar. Punto.
Porque aquí el tema no es solo Rocha. El tema es si una red política usó cargos públicos para mover dinero, abrir negocios, asignar permisos o lavar recursos. Si eso ocurrió, ya no hablamos de corrupción de escritorio. Hablamos de una posible captura institucional.
Y eso lo paga la gente.
Lo paga el paciente que espera medicamentos. Lo paga la familia que vive encerrada por miedo. Lo paga el ciudadano que ve obras carísimas, carreteras inseguras y funcionarios que se enriquecen mientras repiten discursos de austeridad.
La FGR puede pedir pruebas sólidas a Estados Unidos. Tiene que hacerlo. Nadie quiere justicia por consigna ni expedientes fabricados al vapor. Pero pedir pruebas no significa quedarse inmóvil. México no puede esperar a que Washington haga toda la tarea mientras Sinaloa sigue hundido entre violencia, sospecha y silencios oficiales.
La licencia de Rocha sirve para bajar la presión del momento. Nada más. No aclara quién manejó los recursos. No explica si hubo empresas fachada. No responde si existieron contratos contaminados. Tampoco limpia la credibilidad de Morena.
Y ahí está el verdadero golpe: la credibilidad.
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La 4T prometió limpiar la vida pública. Sin embargo, cuando las dudas alcanzan a gobernadores propios, operadores financieros y apellidos cercanos al poder presidencial, el discurso se vuelve chico. Muy chico.
Morena enfrenta dos rutas. Una: abrir la puerta, investigar de verdad y asumir costos. Otra: proteger a los suyos, ganar tiempo y apostar al olvido.
La primera duele. La segunda confirma lo peor.
Porque si todo es falso, una investigación seria limpia nombres. Pero si algo de esto es cierto, el país merece saber hasta dónde llegó la red. Sin apellidos intocables. Sin pactos bajo la mesa. Sin cuentos para la tribuna.
Sinaloa ya pagó demasiado. Ahora le toca al poder explicar lo que sabe, lo que permitió y lo que prefiere esconder.
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