El caso Rocha abrió otro frente en Sinaloa: el patrimonio de su extesorero creció durante su gestión y el vicefiscal pidió licencia tras acusaciones de Estados Unidos.
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El patrimonio de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, creció de forma notable durante su paso por el gabinete de Rubén Rocha Moya.
De acuerdo con sus declaraciones patrimoniales, el exfuncionario sumó al menos 10 nuevas propiedades, varias de ellas pagadas de contado. El aumento reportado rebasa los 18 millones de pesos en activos inmobiliarios entre diciembre de 2021 y septiembre de 2024.
Sin embargo, hay un punto clave: los documentos no aclaran si esos montos corresponden a valores comerciales o catastrales. Esa diferencia podría cambiar el tamaño real del crecimiento patrimonial.
Las compras arrancaron meses después de su llegada al gobierno estatal. En 2022 adquirió terrenos, locales comerciales y una superficie superior a 36 mil metros cuadrados. Después, en 2023, agregó una casa y otros predios.
El caso se vuelve más delicado porque algunas operaciones aparecen vinculadas con empresas relacionadas con el propio Díaz Vega. Una de ellas es Housesin Desarrollos S.A. de C.V., firma en la que su participación accionaria creció mientras era funcionario.
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Con esas adquisiciones, el exsecretario reportó 44 inmuebles en total, con un valor declarado de 128.9 millones de pesos.
El problema ya no es solo patrimonial. Díaz Vega también aparece en la acusación presentada en Estados Unidos contra Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses por presunta colaboración con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
Según esa acusación, el exfuncionario habría sostenido reuniones con líderes criminales antes de la elección estatal. Además, presuntamente entregó información sobre adversarios políticos para facilitar actos de intimidación electoral.
Por esa razón, sus inversiones y cuentas en Estados Unidos podrían atraer mayor revisión. Entre ellas se mencionan cuentas en PNC Bank, en Pittsburgh, y Alterna Securities, firma con sede en Houston.
Vicefiscal pide licencia y crece la crisis en Sinaloa
La presión política en Sinaloa volvió a subir. El vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra pidió licencia tras ser señalado en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.
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Primero fue Rocha Moya. Luego, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. Ahora, la salida temporal del vicefiscal deja otro hueco institucional.
La Fiscalía estatal informó que Castro está dispuesto a atender cualquier requerimiento legal. Aun así, el golpe es profundo: el área encargada de investigar delitos también quedó bajo sospecha.
A Castro se le señala por presuntamente recibir 200 mil pesos mensuales de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. A cambio, habría dado protección e información sobre operativos.
Para la ciudadanía, el mensaje es grave. Cuando finanzas públicas, fiscalía y seguridad quedan atrapadas en acusaciones de narcopolítica, la confianza se rompe.
La pregunta, entonces, ya no es menor: ¿quién vigila al poder en Sinaloa?
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