El expediente que vuelve a rodear a Ricardo Gallardo no solo compromete a un gobernador. Expone cómo la justicia puede convertirse en ficha de cambio y cómo ese juego termina golpeando a los ciudadanos.
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Si el expediente contra Ricardo Gallardo Cardona era tan sólido como hoy se sugiere, el problema ya no es solo el gobernador de San Luis Potosí. El problema es el sistema político que lo tuvo en las manos, lo usó y luego lo guardó.
Ahí está el corazón del caso.
La columna de Claudio Ochoa Huerta revive una historia que retrata de cuerpo entero la lógica del poder en México: cuando un expediente sirve para presionar, se mueve; cuando conviene pactar, desaparece. No importa la gravedad de los señalamientos. Lo que manda es la utilidad política.
Ese patrón es el que vuelve especialmente delicado el caso de Gallardo. No se trata únicamente de acusaciones viejas sobre presunto desvío de recursos, compra de propiedades, crecimiento patrimonial acelerado o posibles nexos con estructuras criminales. Se trata de lo que implica que todo eso haya estado, presuntamente, documentado y aun así no haya derivado en una ruta clara de justicia.
Si eso ocurrió, el Estado no falló por ingenuidad. Falló por conveniencia.
Y esa conveniencia tuvo consecuencias. San Luis Potosí no quedó atrapado en una polémica menor ni en un pleito de élites. Quedó amarrado a una forma de gobernar donde la frontera entre operación política, control territorial y ambición familiar se vuelve cada vez más borrosa.
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Gallardo no es un actor periférico. Es un gobernador en funciones, una de las cartas fuertes del Partido Verde y un aliado útil dentro de la coalición gobernante. Por eso el caso trasciende lo local. Si las sospechas crecen, no golpean solo a un mandatario estatal. Pegan directamente en la credibilidad de quienes insisten en presentarse como opción distinta al viejo régimen.
El otro frente es igual de explosivo: la ruta sucesoria.
La posibilidad de que Ruth González, senadora y esposa del gobernador, sea empujada como candidata a la gubernatura en 2027 no puede leerse como un movimiento aislado. Huele a continuidad de grupo, a control del aparato y a la tentación de convertir el poder en patrimonio familiar. Eso, en cualquier democracia, debería prender alarmas.
No hace falta esperar una sentencia para entender la dimensión política del daño. Una cosa es la presunción de inocencia, que debe respetarse. Otra muy distinta es fingir que no pasa nada cuando alrededor del poder se acumulan señalamientos de este calibre.
La parte más inquietante del caso está en los presuntos vínculos entre autoridades y el grupo criminal de “Los Talibanes”, una escisión de Los Zetas con presencia en varias zonas potosinas. Si esa línea de investigación se sostiene, ya no estamos frente a un escándalo de corrupción tradicional. Estaríamos ante un escenario donde crimen y poder local se rozan peligrosamente.
Eso cambia todo.
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Porque el ciudadano común no vive la política como intriga de columna. La vive cuando aumenta la violencia, cuando se cierran espacios de denuncia, cuando los alcaldes actúan con impunidad y cuando las instituciones parecen más preocupadas por proteger alianzas que por limpiar la casa.
San Luis Potosí hoy es una prueba para el oficialismo y también para el Verde. Si la vara de la investigación solo cae sobre adversarios, el discurso anticorrupción vuelve a quedarse en propaganda. Si el gobierno decide mirar a otro lado porque el involucrado es aliado, la promesa de regeneración pública pierde otra vez todo contenido.
Y hay un dato político nada menor: si este expediente se mueve desde fuera, sobre todo desde Estados Unidos, la narrativa de soberanía quedará otra vez en entredicho. No sería México limpiando su sistema. Sería México reaccionando a la presión externa.
Eso también exhibe debilidad.
El fondo del caso no está solo en Gallardo. Está en la red de complicidades que permite que ciertos expedientes duerman durante años y despierten justo cuando dejan de ser incómodos para convertirse en arma útil.
Cuando la justicia entra a una negociación, deja de ser justicia.
Y cuando el poder protege a los suyos mientras exige legalidad al resto, lo que se rompe no es una carrera política. Se rompe la confianza pública.
Esta editorial está basada en la columna de opinión de Claudio Ochoa Huerta, publicada en su columna Miocardio de El Universal.
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